Archivo y centro de documentación --- Investigación y enseñanza --- Comunicación y cultura --- Comité contra la tortura La agenda pendiente Queremos abrir este boletín de julio con tres hechos graves y preocupantes. La fuga de un represor del calibre de Julián “Laucha” Corres, detenido en la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal. El secuestro en el conurbano bonaerense de un joven alojado en la Obra Don Orione. Cuatro personas armadas y con los rostros tapados le advirtieron que quemarían “la imprenta, la panadería y la Casa de los Niños”, obras de la organización Pelota de Trapo fundada por Alberto Morlachetti. Finalmente, el operativo montado en pleno centro de la ciudad de La Plata, donde un grupo organizado de 25 personas de civil, sin exhibir placas pero identificándose como policías, emboscaron y agredieron a un grupo de niños y adolescentes en situación de calle. Corres había estado prófugo durante un año y medio, hasta que la justicia logró detenerlo. Por qué entonces Corres, procesado por secuestros, torturas y homicidios en el centro de detención La Escuelita permaneció detenido durante tres meses en una comisaría “con una relajación completa en cuanto a los controles”, según afirmó el Fiscal Federal Hugo Cañón. ¿Quiénes son los mandantes de grupos operativos como los que actuaron en el secuestro del pibe del Hogar Don Orione? ¿Fueron efectivamente policías de civil sin identificación los que actuaron intimidando con armas de fuego, fierros y cadenas al grupo de chicos que viven en Plaza San Martín? La justicia penal deberá investigarlo y, de ser así, el ministro de Seguridad Carlos Stornelli, máximo responsable político de la bonaerense, tendrá que dar las explicaciones correspondientes. Mientras tanto, un dato irrefutable es que los niños excluidos y en situación de calle sólo conocen un rostro del estado: el de la policía que los reprime o los mata. La puesta en marcha de un plan de contención, un hogar de día y de noche, según lo establecen las leyes 13.298 y 13.634, continúa siendo una deuda. Esta reglamentación fue refrendada por el municipio de La Plata a principios de este año. Sin embargo no hubo capacidad de reacción desde la comuna ni desde la Provincia. Estos tres episodios evocan los peores fantasmas de la historia reciente de nuestro país. Ponen en evidencia que la justicia todavía elige ser más clemente con las condiciones de detención de los criminales de lesa humanidad que con la de los presos comunes. Y nos recuerdan la agenda pendiente del estado democrático: el hambre, la pobreza y la marginalidad de la que son víctimas nuestros chicos y sus familias. Sumario Juicios por delitos de lesa humanidad: debates y dilemas . Leopoldo Shiffrin: “No hay que desalentarse y no hay que ponerse plazos” . Los juicios en Argentina: desafíos y estrategias Agenda . Los documentos de la DIPBA . Jóvenes y memoria / Capacitación docente . Videoteca / Presos políticos 1955/1973 / Taller de fotografía . Madres presas / Fallo de la Corte por traslado de detenidos Debates y dilemas en torno a los juicios El encuentro sobre Archivos de la represión y juicios por delitos de lesa humanidad, convocado por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, tuvo lugar el 2 y 3 de julio. Contó con la participación de invitados de Paraguay, Guatemala, Uruguay y Brasil, representantes de organizaciones de derechos humanos, querellantes, miembros del Poder Judicial y representaciones de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y las provincias. Durante dos días, conferencias y mesas de trabajo fueron el ámbito para el debate de una agenda en común en torno a los juicios por delitos de lesa humanidad. La dispersión de causas, el carácter público de las audiencias orales, el rol de la Corte Suprema, la protección de testigos, el acceso a la documentación producida por las fuerzas de seguridad fueron algunos de los tópicos planteados. Desde la realización de este encuentro a la fecha, se produjo la condena en Córdoba de Luciano Benjamín Menéndez y el grupo operativo de La Perla: un paso más en la lucha contra la impunidad en la Argentina. El próximo número de la revista Puentes estará dedicada centralmente a lo sucedido durante el encuentro e incluirá entrevistas a los jueces Rafecas, Rozanski y Shiffrin, además de una síntesis de las principales ponencias y mesas de trabajo. Próximamente, se podrá acceder al registro de las conferencias a través del sitio web de la Comisión por la Memoria. A modo de anticipo compartimos en este boletín una glosa de una de las intervenciones que cerró el encuentro: la del Dr Leopoldo Shiffrin, presidente de la Cámara Federal de La Plata y asesor académico de la Comisión por la Memoria. También una síntesis de una de las mesas de trabajo dónde hubo más debate: “Juicios en Argentina: desafíos y estrategias”. “No hay que desalentarse y no hay que ponerse plazos” (Leopoldo Shiffrin) “Ahora tenemos que hablar de la situación y futuro de los juicios por terrorismo de Estado o de lesa humanidad que se están siguiendo en todo el país. Estos procesos siempre fueron contra la corriente: contra una opinión pública poco interesada, contra una memoria evanescente, contra el propósito de ahogarlos. De forma que no hay que desalentarse y no hay que ponerse plazos. La idea de plazos es lo que termina con toda posibilidad de justicia. Porque justamente uno de los motivos que llevó al desastre de la Semana Santa de 1987 fue querer poner plazos y terminar pronto. Porque eso llevó a que en los tribunales se difieran infinidad de situaciones sin fundamentarlas que crearon el ambiente para que los sectores militares que al final eran minoritarios pudieran montar una rebelión. Es distinta la situación ahora. Pero la justicia es igual. La justicia en esa materia no conoce plazos. En 1998, a iniciativa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se iniciaron los Juicios de la Verdad, investigaciones tendientes no a la sanción penal de los imputables sino a averiguar los datos de lo que pasó y el posible destino de las víctimas. Esto es lo básico para poder tener un proceso penal, porque sin ellos no podemos seguir avanzando. Además es un derecho de los parientes y allegados, y de las víctimas sobrevivientes. Estas son las dificultades y los archivos que tenemos no nos sirven mucho. Sirven para corroborar una serie de datos que dan los testigos y para corroborar más o menos cómo funcionaba el sistema, pero datos directos no hay ninguno. Los archivos de la policía, del servicio penitenciario incluso privado como el que tenemos privado secuestrado en la Cámara no dan datos que sean útiles en el sentido de decir esta víctima fue a tal lugar o a tal otro. La utilidad de dividir por zonas y ciclos esta cantidad de datos viene que de ahí se pueden racionalizar los juicios penales que derivan de estas investigaciones iniciales. Yo daría una aproximación que puede ser corregida. El ciclo más investigado por nosotros en La Plata es el ciclo Camps-Etchecolatz; después está el ciclo horrible de la Unidad 9; luego está el ciclo que yo llamaría de la Marina. Fuera de estos ciclos, pero muy vinculados, están la Brigada de Banfield, la Comisaría de Avellaneda y Puerto Vasco. Todo esto configura los ciclos que tenemos que juzgar, donde los testigos son casi todos los mismos, las víctimas están todas entrelazadas. Pero hace falta capacitar porque muchos funcionarios tienen muy buena voluntad pero no tienen idea clara de cómo aprovechar mejor el sistema de archivo, que sobre todo es un sistema de corroboración. El archivo policial que tenemos (el de la ex DIPBA) es más bien de seguimientos políticos en el cual hay algunas huellas de los procedimientos ocultos, pero sólo asoman un poco, y por ahí nos resultan muy útiles. Pero es esencial que la Comisión de la Memoria y la Cámara Federal se pongan a trabajar, junto a la secretaría especial que hay para estas cuestiones, en un mapa de los procesos existentes. Yo veo una suerte de entrecruzamiento de procesos y de víctimas que obliga a hacer un mapa de procesos para tratar de unificar todo lo que sea unificable, y pueda ser juzgado en conjunto sin producir un proceso demasiado elefantiásico. El último punto que quiero tocar son las circunstancias sociales y culturales y económicas de la Argentina que, en general, no son favorables a la lucha contra esta impunidad de las peores violaciones de los derechos humanos fundamentales de la Argentina. Se las compara con un genocidio aunque sólo entraría en algunas definiciones específicas que no son las admitidas habitualmente, pero lo cierto es que fue una masacre espantosa. Se está desarrollando uno de los grandes procesos en Córdoba al general Menéndez: se refiere a pocos casos pero en realidad es el proceso por La Perla. Busco en los diarios y apenas encuentro alguna información. Posiblemente, lo mejor sea reunir a todos los sectores del arco político democrático, de la cultura, de los organismos de derechos humanos, los organismos sindicales que tengan disposición, sin excepciones, para ver si es posible unificar una opinión que vaya más allá de cualquier situación especial y crear una política de Estado permanente, estable que ayude a seguir este camino larguísimo de la lucha contra la impunidad. Esto tendría que ser en torno a ciertas consignas básicas: seguir adelante y amparar lo que está, exigir un trabajo más planificado. El ministerio público necesitaría una ley que le permita mayor flexibilidad para crear organismos específicos, incluso con fiscales designados ad hoc para que impulsen estos juicios. Aunque no hablo de tribunales especiales porque constitucionalmente no pueden existir. Da pena que el Congreso con gran apresuramiento haya sancionado un paquete de leyes (que se dice se hicieron con buena voluntad pero sin conocimiento técnico alguno) para acelerar los juicios contra el terrorismo de Estado. Pero resulta que han creado un monstruo que de funcionar impediría los juicios. No puedo dar las razones en detalle pero por más que lo pienso, creo que es algo así como el caballo de Troya que se nos puede introducir una ley que no está vigente (y es difícil que entre en vigencia) pero de todos modos conviene prevenir que lo que se nos ha presentado como una solución es una solución al revés: el mayor obstáculo posible. Tres ejes: concentración, celeridad y publicidad Gastón Chillier (CELS) Guadalupe Godoy (Justicia Ya), Eduardo Rezces (Secretaría de Derechos Humanos de provincia de Buenos Aires) y Luis Alem (Secretaría de Derechos Humanos de Nación) participaron en la primera mesa de trabajo. El relato de sus experiencias como querellantes fue el disparador de un debate del que participaron, entre otros, el Dr Pablo Parenti (Unidad fiscal especializada en causas por violaciones a los derechos humanos), el Fiscal Hugo Cañon y Laura Conte (Comisión por la Memoria), el Dr Hernán Schapiro y representaciones de Córdoba, Chaco, Tierra del Fuego, Chubut, Mendoza, Río Negro, Formosa, entre otras. La mesa fue coordinada por Margarita Jarque. Se produjo un profundo debate que permitió establecer una base de acuerdos no sólo de diagnóstico sino también de demandas. Se reconoció la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final como el acto fundante e impulsor de la reapertura y presentación de nuevas causas por violaciones a los derechos humanos. Pero hubo consenso general acerca de la falta de una estrategia que pusiera pautas de ordenamiento -que se refleja en la dispersión de causas- y la necesidad de criterios para su acumulación y consecuente aceleramiento. Se coincidió en la necesidad de un rol más activo de la Corte Suprema de Justicia en tanto ordenador del estado de cosas, como asimismo del Consejo de la Magistratura en relación a las designaciones de jueces y del sistema de subrogancias, lo que retrasa el avance de las causas. Se definió la necesidad de focalizar la acción judicial en tres ejes: concentración, celeridad y profundidad. Se enfatizó en la necesidad de que los distintos niveles del Estado aborden la protección integral y efectiva de los testigos, se articulen las diversas agencias estatales involucradas y se defina una estrategia de identificación de los grupos desestabilizadores. También se destacó la necesidad de que estas políticas incluyan a todos los actores de los procesos judiciales. Se demandó una publicidad efectiva de las audiencias (algunos jueces son renuentes) y de la agenda específica de los propios juicios. En síntesis: se abogó por una política de estado que organice los juicios, los concentre por centro o por circuito represivo, los agilice, evite la duplicación de testimonios, garantice la protección de victimas y testigos, ponga los archivos de las fuerzas de seguridad al servicio de la justicia, y garantice la efectiva publicidad de las audiencias. arriba Archivo y Centro de Documentación Colecciones temáticas en CD/DVD. Las primeras seis colecciones temáticas producidas por el área están a la venta. Esta iniciativa es el resultado del trabajo del equipo técnico del área y un paso en la apertura y democratización de los documentos de la ex Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). Área de Centro de Documentación y Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria: calle 54 Nº 487, La Plata. Teléfono (0221) 483-1737 / archivocpm@speedy.com.ar Esta primera tanda documental está compuesta por las siguientes colecciones: Anarquistas, con introducción de Ramón Tarruela / Tacuara, con introducción de Daniel Lvovich / CGT La Plata, Berisso y Ensenada, con introducción de Marcelo Raimundo / CGT de los Argentinos, con introducción de Luciana Sotelo / Kronos Silo, con introducción de Julián Axat / Censura cultural durante la última dictadura militar 1976-1983, con introducción de Hernán Invernizzi. arriba Investigación y Enseñanza Los medios de comunicación y la contrucción de la memoria. Los medios de comunicación y la construcción de la memoria. El curso se dictará según el siguiente cronograma: Olavarría: sábado 23 de agosto, sábado 30 de y sábado 6 de septiembre; Mercedes: sábados 13, 20 y 27 de septiembre; Tres Arroyos: 4 de octubre, 11 de octubre y 1 de noviembre. Informes e inscripción: educacioncpm@speedy.com.ar Encuentros regionales. En los once encuentros realizados en todo el territorio, más de 2.500 adolescentes de la provincia de Buenos Aires discutieron sobre el pasado reciente y su relación con nuestro presente. Las investigaciones que están iniciando los jóvenes sobre la historia de sus comunidades se extenderán durante todo el ciclo lectivo, para culminar con la presentación de sus resultados en el encuentro de Chapadmalal a mediados de noviembre. Biografías de desaparecidos, las consecuencias económicas y sociales de la dictadura, la persistencia del autoritarismo en el presente, entre tantos otros, serán temas de los videos, obras de teatro, webs y murales que allí se presentarán. Más información: www.comisionporlamemoria.org/jovenesymemoria arriba Comunicación y Cultura Videoteca. En la sede del Museo de Arte y Memoria de La Plata –calle 9 número 984, entre 51 y 53 de La Plata- funciona la videoteca de la Comisión Provincial por la Memoria, especializada en historia reciente, memoria y derechos humanos, que cuenta con casi 500 títulos. Los préstamos son gratuitos; para asociarse basta concurrir con los documentos. Para consultar el catálogo y las condiciones de uso, ver http://www.comisionporlamemoria.org/museodearteymemoria Tres miradas sobre Trelew - Ni olvido ni perdón. Dirección: Raymundo Gleyzer. Argentina, 1973, 30 minutos. Documento histórico. El 22 de agosto de 1972, prisioneros políticos escapan de la cárcel de Rawson; trece de ellos son asesinados después de rendirse ante las autoridades, luego de dar una conferencia de prensa que se transmite por televisión. Los tres sobrevivientes de la masacre relatan los hechos desde el hospital de la cárcel. Pocos años después, son desaparecidos por la dictadura. - Prohibido dormir. Dirección: Paula Bassi y Diego Pauli. Argentina, 2004, 78 minutos. El 11 de octubre de 1972 –a poco del fusilamiento de los presos políticos-, el ejército volvió a irrumpir en las calles de Trelew. Los militares realizaron más de cincuenta allanamientos y detuvieron a 16 ciudadanos que fueron encarcelados en Buenos Aires, a 1.600 km. del lugar. Como reacción, Trelew se alzó: la gente ocupó el teatro principal y se organizó una gran asamblea popular. Hubo paros generales y manifestaciones masivas. La protesta concluyó cuando los últimos presos fueron liberados, el 27 del mismo mes. - Trelew, la fuga que fue masacre. Dirección: Mariana Arruti. Argentina, 2004, 98 minutos. Agosto de 1972. Cárcel de máxima seguridad de Rawson, Patagonia Argentina. El plan de fuga de más de un centenar de presos políticos bajo la dictadura militar se pone en marcha. Algunos logran alcanzar el cercano aeropuerto de Trelew, su puerta de escape hacia el Chile socialista. El resto correrá distinta suerte. Trelew es un punto de quiebre, presagio de lo que vendrá en un país que ya no será el mismo. Presos políticos. El 22 de agosto se inaugura en el Museo de Arte y Memoria una producción propia que recorre el período 1955/1973. La muestra está formada por fotografías, material público y privado, y documentos pertenecientes al Archivo de la ex DIPBA. Una mirada fotográfica / Taller dictado por Alfredo Srur. El jueves 11 de septiembre empieza este taller semanal de análisis y producción fotográfica, que dura 3 meses. Contará, además, con la participación de fotógrafos invitados que compartirán el análisis de su trabajo. El taller se desarrollará en el Museo de Arte y Memoria; la inscripción es abierta. arriba Comité contra la Tortura Traslados constantes en las cárceles provinciales. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dispuso la competencia del Tribunal de Casación para intervenir y resolver los hábeas corpus colectivos presentados a favor de los detenidos de la provincia de Buenos Aires sometidos a traslados constantes, una práctica denunciada recurrentemente por la Comisión por la Memoria a través de su Comité contra la Tortura. De este modo se aplica la doctrina de la Corte nacional en el Fallo Verbitsky. Más de 9.000 traslados mensuales (sobre un total de 26.000 detenidos) dan cuenta de la magnitud de un método utilizado habitualmente por el Servicio Penitenciario como forma de disciplinamiento o castigo. El sistema denominado “la calesita” implica que los detenidos recorren miles de kilómetros en pocos meses, trasladados a unidades lejanas unas de otras y siendo alojados por pocos días en pabellones de admisión donde sufren golpizas al entrar y al salir, además de imposibilidad de ver a sus seres queridos, aislamiento y desatención médica. El Comité contra la Tortura había presentado un hábeas corpus colectivo ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires solicitando la intervención judicial para terminar con este sistema. Casación desatendió el Fallo Verbitsky, falló como lo había hecho en aquel caso y se declaró incompetente, aplicando costas a los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, y a sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón. La Suprema Corte dictaminó que el Tribunal de Casación es competente, ordenó que trate el problema planteado y dicte un nuevo fallo. Si bien la cuestión de fondo aún no ha sido resuelta, es un paso importante para esta presentación y otras que se presenten a futuro. Madres presas. El Comité contra la Tortura participó de una reunión en la Comisión de legislación penal de la Legislatura provincial. El equipo expuso acerca de los efectos de la prisionización de mujeres sobre las relaciones familiares y sociales. Datos. En la provincia de Buenos Aires se encuentran detenidas 846 mujeres (menos del 3% del total de detenidos); el 85.8% están procesadas; sólo el 24% está acusado de delitos contra las personas; la mayoría de estas mujeres comparten sus causa con otros coimputados, la mayoría de sexo masculino; la gran mayoría de las mujeres detenidas son madres y casi el 9 % reside con sus hijos en las unidades carcelarias. En función de la información disponible y del análisis de este fenómeno, el Comité alertó sobre la necesidad de poner el foco en tres aspectos: - Los efectos perjudiciales de la prisión de las mujeres, sobre todo en los niños y en las redes familiares y comunitarias; - Considerar medidas alternativas a la prisión de mujeres que tengan niños a cargo; - Considerar el interés superior del niño cuando los órganos jurisdiccionales dictan sentencias de prisión preventiva o de ejecución de la pena de mujeres. arriba Revista Puentes #23 Los laberintos del miedo Seguridad y políticas públicas Escriben y opinan: Alejandro Isla, Gabriel Kessler, Lucía Eilbaum, Horacio Verbitsky, Gustavo Palmieri, Maristella Svampa, Hugo Cañón. ¿Nosotros no sabíamos nada? La apropiación de hijos de desaparecidos y las responsabilidades civiles. El caso de María Eugenia Sampallo Barragán. Imágenes en la memoria Muestra de Gerardo Dell´Oro. Una producción del Museo de Arte y Memoria. Fantasmas de Malvinas Adelanto del libro de crónicas de Federico Lorenz. Redes y disputas. El catolicismo argentino en la dictadura y la post-dictadura. Escriben: María Soledad Catoggio, Fortunato Mallimaci, Loris Zanatta. Dossier documentos. La dictadura ante la heterogeneidad de la Iglesia Católica. Escribe Juan Cruz Esquivel. Usted puede suscribirse a la Revista Puentes, o solicitar algunos de sus números, llamando por teléfono al 0221 483 1737, o a través de un e-mail a puentescpm@speedy.com.ar arriba Comisión Provincial por la Memoria - Calle 54 nº 487, La Plata, +54 221 4831737 Museo de Arte y Memoria - Calle 9 Nº 984 entre 51 y 53, La Plata, +54 221 4831737 ó 4835590

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