Parlamentario.com repasa una a una las modificaciones que el Poder Ejecutivo busca imprimir a los actuales Códigos Civil y Comercial, y que fueron anunciadas por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, el martes pasado.
Nueve son en total las reformas que el Poder Ejecutivo buscará impulsar sobre el Código Civil y Comercial unificado a través de un proyecto de ley que enviará al Congreso en los próximos días, tras un trabajo de la Corte Suprema de Justicia. A continuación,parlamentario.com detalla de qué se tratan los ejes principales de la iniciativa.
Matrimonio. Se actualiza el régimen a raíz de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Por eso, no se realizarán distinciones entre varón y mujer para definir quienes pueden unirse en matrimonio. Además, se incorpora la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad de ganancias (único existente en la actualidad) y el régimen de separación de bienes, a través de acuerdos prenupciales. Divorcio. Se simplifican los trámites para solicitarlo. Por eso, se establece que el divorcio puede ser válido también con el único deseo de uno de los cónyuges. Además, la pareja puede hacer propuestas y acordar sobre los efectos que tendrá la disolución.
Técnicas de reproducción humana asistida. Se actualiza la legislación mediante la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida (como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, entre otras), regulando el consentimiento informado, los requisitos del procedimiento a emplear, la prevalencia de la voluntad procreacional, y la equiparación de la filiación por dicho medio de reproducción humana con la natural y la adoptiva plena.
Adopción. Además de simplificar también este régimen, se prioriza el interés del niño por sobre el de los adultos comprometidos. Se mantiene la adopción plena y simple, y se le incorpora el régimen de la adopción por integración, referida al hijo del cónyuge o del conviviente. Se admiten tanto la adopción conjunta como la unilateral. En cuanto a los derechos del niño, niña o adolescente, se incorpora el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, a la identidad, a conocer sus orígenes, a la preservación de los vínculos fraternos.Propiedad comunitaria indígena. Se establece que la Propiedad Comunitaria de Tierras Indígenas será: exclusiva, perpetua, indivisible, imprescriptible, insusceptible de gravámenes, inembargable e inejecutable, para la preservación de la identidad cultural y el hábitat de los pueblos originarios. También tienen derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales como derechos de incidencia colectiva.
Gestación por sustitución. El proyecto admite la figura de “gestación por sustitución”. En este caso, el elemento central es la voluntad procreacional, expresado el consentimiento previo, informado y libre de las personas que intervienen. El consentimiento previo debe ser homologado judicialmente. Asimismo, el juez interviniente en la homologación, constatará que la gestante no haya recibido retribución alguna y que alguno al menos uno de los comitentes ha aportado material genético.
Sociedades de un solo socio. Se crea la figura de la sociedad unipersonal, que facilita la asignación de una porción del patrimonio a un proyecto productivo, incentivando así las inversiones.
Derechos Personalísimos. Se incorpora un capítulo, inexistente hasta ahora, dedicado a los derechos personalísimos, que abundan en los tratados internacionales de Derechos Humanos que integran el bloque de constitucionalidad federal. Allí se reconocen expresamente los derechos a la dignidad, intimidad, honor e imagen, entre otros.
Formas modernas de contratación. Con esto, el proyecto se refiere a la incorporación de los contratos de arbitraje, agencia comercial, concesión comercial, franquicia, suministro y leasing, y se incorporan y armonizan los derechos del consumidor. El objetivo es brindar mayor seguridad jurídica y garantizar de mejor manera la defensa de los ciudadanos en tanto consumidores.
MIRTA PRAINO - 11 6273 2340 http://san-fernando-mi-ciudad.blogspot.com/
Luego de un intenso y productivo proceso de diálogo con todos los partidos políticos, las organizaciones especializadas de la sociedad civil y los académicos expertos en la materia, el Congreso Nacional sancionó a fines de 2009 una ley de reforma política que contribuirá a fortalecer la representación política, a través de una competencia partidaria más transparente, equitativa y cercana al ciudadano. Ahora es el momento de implementar estas modificaciones normativas. Los estudiosos de la administración pública en todo el mundo coinciden en que la fase de implementación de las políticas es la más compleja, ya que implica traducir en la práctica los ambiciosos objetivos decididos por los gobiernos o los Congresos. Ejecutar una política requiere la coordinación de múltiples actores, que en este caso, además, pertenecen a distintos poderes y niveles de gobierno. Por ello, desde el gobierno nacional ya nos encontramos abocados a la tarea de hacer realidad la reforma, trabajando en forma previsora y articulada con la justicia electoral y los gobiernos provinciales. En tal sentido, el Registro Nacional de las Personas del Ministerio del Interior y la Justicia Electoral avanzan en la coordinación de nuevos procedimientos de información sobre el registro de electores, para completar su informatización y agilizar procesos que ya estaban obsoletos. Al interior de la propia Justicia, la Cámara Nacional Electoral y los respectivos juzgados están desarrollando mecanismos de gestión del registro electoral que sean acordes a las nuevas tecnologías a implementar. A su vez, entre los pasos a seguir, los fiscales federales tendrán a cargo el control del cumplimiento de los requisitos para la obtención y mantenimiento de la personería jurídica de los partidos. Finalmente, la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior trabaja en la planificación de los procedimientos de las primarias, en la difusión de las nuevas regulaciones y en la adaptación de las estructuras de gestión electoral a las nuevas funciones. En definitiva, se trata de un complejo proceso que involucra a múltiples áreas del Estado, en una tarea silenciosa, que no suele aparecer en la prensa, pero que es imprescindible para convertir en realidad los objetivos de la reforma. Los partidos también deberán trabajar para adecuarse a los requisitos, absolutamente lógicos, que establece la nueva ley. Tendrán que alcanzar las cifras mínimas de afiliación que fija la normativa, aunque la mayoría de los partidos que representan una opción definida para la sociedad podrán superar fácilmente ese umbral; sólo los “sellos de goma” sin programa y/o ideología deberán preocuparse por no alcanzar la cantidad suficiente de afiliaciones. A su vez, para esta época del año próximo seguramente veremos la definición de pre-candidaturas al interior de cada partido, y 30 días antes de las primarias comenzará la campaña electoral. Aquí, los partidos, la justicia y distintas áreas del gobierno deberán estar preparados para una normativa que prohíbe la inversión privada en medios audiovisuales, garantizando el Estado espacios de publicidad equitativos y proporcionales para todos los candidatos y fuerzas políticas. En definitiva, se están dando los pasos necesarios para implementar con éxito la reforma, trabajando con la suficiente antelación y previsibilidad. Sabemos que ninguna reforma, por más profunda e integral que sea (y ésta indudablemente lo es), puede resolver mágicamente déficits de representatividad que se arrastran desde hace largo tiempo. Pero también sabemos que si somos capaces de ejecutar correctamente la nueva ley, podremos remediar muchos de los problemas que fueron generando esa crisis partidaria, dando una poderosa señal de que es posible tener un sistema político más equitativo, transparente y participativo. Así, estaremos dando un salto de calidad institucional notable para la Argentina.