(Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008) - Ayer, en el Congreso de la Nación se presentó el informe Qué hicieron nuestros legisladores entre 2006 y 2008, sobre la actividad legislativa de los últimos tres años. El mismo fue elaborado por referentes de distintas provincias argentinas, quienes vienen desarrollando en forma conjunta un proyecto de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que tiene como objetivo monitorear y promover el acceso a información legislativa, principalmente en las votaciones para la sanción de las leyes relativas a derechos constitucionales e instituciones democráticas a nivel nacional y provincial.
En el encuentro se destacaron particularidades del informe que describe la actividad de los legisladores nacionales y de cada provincia y da una visión general sobre el funcionamiento del Poder Legislativo:
Se subrayó que durante los últimos tres años en el Congreso de la Nación fue aprobada una gran cantidad de proyectos iniciados por el Poder Ejecutivo. De hecho, en los años 2006-2007, del total de leyes aprobadas, el porcentaje de proyectos provenientes del Ejecutivo es del 42% del total de los aprobados, ascendiendo en los que va del año 2008 a un 59%.
Sin lugar a dudas el 2008 fue para la provincia de Santa Fe un año muy cambiante, marcado por el cambio de signo político en el gobierno tras 25 años de hegemonía justicialista. Esto incluyó la modificación de la mayoría en la cámara de diputados, en virtud del principio de gobernabilidad que sostiene la provincia, que trajo aparejado un cambio en la labor y resonancia del trabajo en ambas cámaras.
Asimismo, en Tucumán, el 103º Período Legislativo correspondiente al año 2008 presenta un órgano legislativo provincial conformado por un bloque oficialista compuesto por 44 de los 49 escaños parlamentarios. Esta composición deja, en el transcurso de 2008, un saldo de sesiones con escaso debate siendo éste último su rol fundamental como órgano representativo del pueblo, ya que el bloque mayoritario “Tucumán Crece”, llevó generalmente una decisión consensuada con anterioridad en sus reuniones de bloque.
Durante el 2008 en Tierra del Fuego, la Legislatura desacelera su función y retrocede en normas intensamente cuestionadas que habían sido aprobadas en períodos anteriores. El ejemplo central fue la derogación de la empresa provincial de hidrocarburos RENASA. En abril la Legislatura modificó su reglamento interno estableciendo la votación nominal obligatoria de cada legislador para el tratamiento de leyes, nombramientos y todo otro asunto que importe gasto.
Por su parte, el panorama legislativo de Mendoza durante el 2008, no distó demasiado del que comenzara a gestarse a partir de 2006. Un contexto que tiene que ver con la crisis de identidad que han sufrido los distintos partidos políticos, sobre todo la UCR mendocina, a partir del fenómeno de la concertación.
En Río Negro el ordenamiento jurídico prevé la figura del decreto ley, que le otorga al Gobernador atribuciones de competencia legislativa. Con la particularidad que, si bien obliga a enviar a la Legislatura en un plazo de cinco días, los decretos dictados bajo esta modalidad si no son tratados en un plazo máximo de noventa días quedan convertidos en ley, produciéndose su promulgación “de hecho”. En al año 2006 el Gobernador de la Provincia dictó 13 decretos ley, todos, fueron promulgados de hecho, es decir se venció el plazo de noventa días sin que hayan sido tratados. En el año 2007 esta facultad no fue utilizada por el Poder Ejecutivo y en el l año 2008 el Gobernador de la Provincia dictó 20 decretos-ley, todos fueron promulgados de hecho.
El escenario que se presagiaba durante el proceso electoral para el período 2007 en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, no se materializó finalmente en un recinto altamente polarizado entre el partido responsable de conducir los destinos de la provincia y los demás partidos y sectores “opositores”. No obstante, la fragmentación de sectores y bloques en la legislatura aumentó, también los consensos y acuerdos internos han sido unas de las características de los últimos años.
En el análisis del contexto político de la provincia de Jujuy del año 2008, se evidencia cómo las elecciones de octubre de 2007 se convirtieron en un factor determinante para la política legislativa. En este sentido, la modificación del artículo 34 del Reglamento Interno de la Legislatura, referido a la constitución de bloques, muestra claramente una legislatura cada vez más fraccionada políticamente.
En el seno mismo del Poder Legislativo de Chubut se inició menos de la cuarta parte de las normas que fueron luego votadas a lo largo de 2008. Actualmente, la Legislatura está compuesta por la mayor cantidad de bloques que se ha conocido. Además de la tradicional representación del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Partido Acción Chubutense, escindido del radicalismo en los sesenta, debutaron en 2007 con sus legisladores dos partidos: Afirmación para una República Igualitaria (ARI) y el Proyección Vecinal de Chubut (Provech). El hecho llamativo en este punto lo constituye sin dudas el rol del Provech, coalición de intendentes provenientes del Pach y del radicalismo “alineados” con el Gobernador Das Neves (PJ), y que logró cinco diputados de los once de la minoría, dado su segundo lugar en las elecciones.
La Legislatura cordobesa tiene un sistema electrónico que permite realizar las votaciones nominales (dejando registro de los votos de cada legislador) y demora casi el mismo tiempo que la votación sin registro (votación por signos). Sin embargo hay resistencia de algunos legisladores y no se deja el registro de sus votos al sancionar las leyes. En el informe se destaca, además, que en 2008 la mayoría de las leyes sancionadas en Córdoba han sido propiciadas por el Poder Ejecutivo.
En el transcurso de la jornada de presentación del informe fue muy interesante la participación de referentes de distintos sectores (legislativo, órganos de control, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y académicos).
El enfoque con el que se propuso trabajar fue el de generar mayor participación social en los niveles de discusión del ámbito legislativo, promoviendo modificaciones que permitan el acceso a la información legislativa y monitoreando el modo en que funciona el Congreso de la Nación y las Legislaturas provinciales, en tanto que son órganos que tienen a cargo la adopción de trascendentes decisiones en materia de derechos e instituciones de la democracia. Con mayor
Accountabily social la responsabilidad pública se verá fortalecida, y con ello nuestro sistema democrático.
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