Difunden una lista de 'criminales de guerra' israelíes (delitos de lesa humanidad)
¿Corresponde aplicar al Ejército israelí que actúa en territorio de Gaza las leyes que llevaron a condenar a oficiales serbios luego del más reciente conflicto de los Balcanes? La polémica está abierta a partir que el académico judío Richard Falk acusó el miércoles 07/01 a Israel de cometer crímenes de lesa humanidad en la franja mediterránea palestina. Las autoridades de Tel Aviv lo niegan. Por supuesto que el tema es muy delicado porque en el medio se encuentra Hamas, una organización terrorista que los militares israelíes intentan eliminar. Pero ¿qué pasa con la población civil, en especial los niños? Aqui una aproximación neutral a la situación que por estas horas escala en las capitales europeas.
Varios niños palestinos miran los cadáveres de otros tres fallecidos por los ataques israelíes. (Foto: AP)
BEIRUT (El Mundo). Los ataques contra objetivos civiles en Gaza han llevado a muchos grupos de Derechos Humanos y a expertos en Ley Internacional Humanitaria a denunciar las violaciones de las leyes de guerra en las que podrá estar incurriendo Israel.
Eso obligará a todos los Estados que han ratificado convenios como las Convenciones de Ginebra o el Estatuto de Roma a investigar los supuestos delitos y, si se prueba que se han cometido, perseguir a sus culpables, algo que aún no ha sucedido, en el caso de Israel, en ningún lugar del mundo.
En los últimos años y gracias al trabajo del Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), se han presentado querellas en España, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Holanda y Suiza contra presuntos criminales de guerra israelíes, entre ellos ex ministros de Defensa y altos cargos del Ejército.
Para el CPDH, se trata de una estrategia a largo plazo destinada a juzgar a los responsables de las violaciones de la Ley Internacional Humanitaria en los territorios palestinos y acabar con la impunidad israelí. El objetivo es obtener órdenes de captura internacionales que permita arrestar a los inculpados fuera de su país, siempre que los tribunales israelíes no castiguen los hechos.
Hickman and Rose promovió en 2005 una denuncia contra el general retirado israelí Doron Almog. Almog era el responsable militar del sur de Israel en 2002, cuando orden la destrucción de 59 viviendas palestinas en Rafah, al sur de Gaza, en represalia por la muerte de un soldado. Además las pruebas le incriminan en los asesinatos de al menos dos civiles, entre ellos una mujer embarazada de nueve meses, y en el ataque que mató al líder de Hamas Salah Shehadeh y otras 14 personas, entre ellas su mujer, su hija y numerosos niños.
Sucedió en 2002, cuando Israel lanzó una bomba de una tonelada sobre su casa, situada en el barrio residencial Al Daraj de Jabalia. El proyectil demolió ocho casas y mató a siete miembros de una familia, además de causar heridas a 150 personas. Una ONG israelí denunció el caso ante los tribunales, que no se han pronunciado al respecto. Pero en Londres sí hubo una reacción.
A petición de los abogados de Hickman and Rose, un juez dictó una orden de detención contra Almog, que se disponía a visitar Gran Bretaña. El 10 de septiembre de 2005, la polica se preparó para el arresto en el aeropuerto, pero según la prensa israelí, Tel Aviv le avisó del riesgo de ser detenido mediante la radio del avin. Almog nunca salió del aparato de El Al, la compañía aérea israelí, que dos horas después le condujo a Tel Aviv.
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