Ley de Radiodifusión - De la mano con la mala historia y a contramano con la buena comunicación.

Por Coco Plaza*

En todo este cuarto de siglo en un estado de democracia, con la vigencia plena de los poderes que la constituyen y en un estado republicano, los límites de nuestra capacidad de comprensión se agotan; o nos conducen a una interpretación vana y subjetiva. ¿De qué estoy hablando? De algo que nos auyenta de toda objetividad al tratar un tema que se reflota con fuerza en estos dìas, como es explicar que, la Ley de Radiodifusión ó de Comunicación de Medios Audiovisuales, como se la quiera llamar, y que nos asiste con vigencia en estos tiempos, procede nada menos que de la última dictadura.

Nos encontramos con que no podemos dar una respuesta concisa y rápida, aunque los motivos los podemos conocer, del porqué a 25 años de una democracia con sus bemoles y altibajos, ese escrito que hoy en día rige a la comunicación en la Argentina lleve la firma de personajes facciosos de nuestra reciente historia como Jorge R. Videla, Albano Harguindeguy y José A. Martínez de Hoz.

Esa Ley, la 22.285, que un 15 de septiembre de 1980 promulgó la última dictadura cívico-militar es un emblema de esos tiempos que hoy en día prevalece después de dos décadas y media; y que también ejerce el rol de la herramienta que fuerza a perpetuar el modelo de dominación económica y cultural que tuvo su disparador en el 76, se reforzó en los 90’ y que como si no hubiera pasado nada aún nos sujeta y fustiga en nuestros días.

Para sostener lo expresado, vemos el hecho de la búsqueda de continuidad del sistema que se dieron los poderes del stablishmen & Cia. que presionaron donde precisaron hacerlo ante dos leyes claves, como es la de Radiodifusión y la de Entidades Financieras.

Hagamos un poco de historia para acertar correctamente en la dimensión que pretendo darle a estas líneas. A poco tiempo de iniciado el gobierno de Carlos Saúl, se le hizo una modificación a esta Ley dictatorial, un cambio que ya había nacido en la intención en los últimos tiempos de Alfonsín pero que el riojano concretó. Esto es, en el Art.45 se le reemplazó el inciso (e); al efectuarse esta modificación se habilitó a las empresas editoriales-periodísticas a ser tranquilamente permisionarias de las radios y los canales de televisión. Pero éste no fue el único toqueteo, en el Art.46 también se modificaron dos incisos el (a) y el (c), los cuales indicaban que el “objeto exclusivo” de un licenciatario tenía que ser la radiodifusión y no debía haber mas de 20 individuos como integrantes de una sociedad de radiodifusión. Ahora bien ¿Porqué de la 22.285 se cambiaron únicamente parte de los citados artículos y sin tocar la Ley? Sencillamente, y la razón es obvia, se aceptaba la vigencia de la 22.285 pero presentaba obstáculos a la fluidez del sistema desde el ángulo mediático. Esto es, a poco de la reforma se dejó ver claramente que hubo un creciente y acelerado proceso de la concentración empresarial en los medios, con la fiel intención que era constituir un factor de poder y que a ojos vista no es ni más ni menos con lo que en estos momentos nos encontramos.

Luego tenemos que, como factor de poder, los medios comenzaron a reforzar el discurso único que movilizaron hacia donde les convienía que el viento soplara; cuidando de darse políticas que fueran de acompañamiento y jugando con las sensibilidades de interpretación de las clases sociales, fundamentalmente sobre nuestra maleable clase media; generando con la información factores en el colectivo poblacional que les fuera funcionales a los intereses perseguidos y como formadores de opinión se apeló a los efectos al manipuleo mediático. De esta manera, vemos cómo la concentración de la información en la población, coarta el derecho a la pluralidad de la misma; y de esta forma también, se convierte en un simple atentado al colectivo del pueblo receptivo y una ofensa a la inteligencia de la masa poblacional.

Como si esto fuera poco, la operatividad de esta legislación vigente, pasó de largo por el gobierno de la Alianza como si nada pasase; la ineptitud de gestión de esos días no prestó atención a este factor de poder que continuaba creciendo; y si lo hizo, no se notó. Por ese entonces Duhalde, hizo otros toqueteos con la modificación de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras allá por el 2002. Esta Ley daba amplietud en la negociación con refinanciación de deudas de las empresas en quiebra y sus acreedores, por ende las mediáticas también se favorecieron. Por eso fue aprovechada en esos momentos por la deteriorada empresa de Dña. Ernestina de Noble; tanto fue así que a esta Ley modificada se le puso el apodo de “Ley Clarín”. Pudiendo con esta legislación, el grupo aumentar su capacidad de ensanchamiento oligopólico y peso monopólico.

Por otra parte, en esos momentos se atendieron aspectos de demandas municipales y provinciales sobre los servicios de comunicación pero resultaron ajustes tardíos que no llegaron a solucionar gran cosa, por no decir , nada. Los gobernadores e intendentes de esos momentos pueden dar fe.

Mientras tanto los tentáculos oligopólicos continuaron sus extensiones corporativas, la permisividad del ingreso del capital a la compra de medios de información sin una hábil y adecuada regulación terminó completando el cuadro del negocio y no del servicio, como debe ser en la comunicación.

Hoy en día los monopolios de medios pasaron desgraciadamente, a jugar con su accionar, el papel de un partido más en el espacio contextual de la “nueva derecha” en la argentina, como bien precisó Nicolás Casullo. Es así que la corporación del monopolio mediático complementa con excelencia el espacio faltante y desparejo del rejunte partidocrático y resto del arco social opositor al gobierno nacional. Pero lo más grave, por experiencias recientes vividas y potenciales latentes, es la afección por causa que deriva en un efecto con sintomatología perversa de golpismo, a veces encubierto, otras no tanto.

Una nueva Ley de Medios Audiovisuales está a salir desde el Ejecutivo hacia el Congreso Nacional para tratarse; un Proyecto bien aceitado hasta el momento de presentarse al legislativo y éste, con seguridad va a estar a punto. Los motivos del suspenso, la espectativa, la tardanza y el momento oportuno son variados. Por eso las presiones corporativas ejercen su fuerza, con aire de desorientación pero muy alertas, sin embargo, se tendrán que ajustar al momento político exacto que el Gobierno crea apropiado. ¡Ah! Muy importante, …y a la normativa de la digitalización que se determine en el Ejecutivo Nacional, posiblemente en el marco de un proyecto comunicacional latinoamericano, como así también, a su regulación.

* Docente, periodista.
Miembro de la Comisión de Medios Audiovisuales
en Carta Abierta.

Etiquetas: audiovisuales, medios

HOY, ES NECESARIO UN CAMBIO COMUNICACIONAL Y UNA NUEVA LEGISLACION DE MEDIOS AUDIOVISUALES.

• Publicado por Coco Plaza el febrero 9, 2009 a las 8:07pm
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por S. Coco Plaza*

En los últimos tiempos se han escrito y aún se continúa haciendo, muchos renglones sobre el tema de la comunicación, los medios audiovisuales, la información como negocio y no como un servicio … que sin lugar a dudas nos ocupa sobre manera en estos días. Todo esto, aparece como si fuera una moda, si se plantea en términos de frivolidad; pero que toma forma concreta y visión objetiva de una necesidad política, social y esencialmente cultural en el marco de un proyecto nacional y popular en vigencia.



Parte I

De la hegemonía mediática

Nos encontramos que el primer obstáculo en importancia que surge, para la formación de conceptos e ideas en el pensamiento libre y la conciencia de situación que se vivencia en el colectivo de la masa poblacional, es sin lugar a dudas hoy en día, el condicionamiento que proyecta la hegemonía del discurso único desde las corporaciones mediáticas. Esto tiene origen fundamentalmente, en la concentración de los medios de comunicación y su directriz de opinión; como así también de la información manipulada que emana de los mismos monopolios mediáticos y sus alcances oligopólicos logrados. He aquí entonces cómo, estos entes de la comunicación hegemónica, instalan perversamente su propia “verdad” e intentan sistemáticamente bloquear, sesgar, censurar o sabotear toda acción tendiente a dar pluralidad en la información y a los factores que intenten conformar una comunicación de excelencia para la población en general.

La necesidad de un cambio

Si bien lo expuesto es un mal generalizado, incluso a nivel mundial, dado que los patrones mediáticos están atados a un sistema que sabemos se deteriora día a día a nivel planetario, vamos percibiendo al unísono que en nuestro país, de a poco se va desterrando y con cierta rapidez el silencio que siempre cobijó el accionar de estos monopolios, caracterizados sin dudas por verdaderas corporaciones mediáticas al amparo de un modelo que se niega a morir a pesar de los cambios coyunturales que se dan día a día.

No es algo fortuito, ni una mutación temporal producto de una consecuencia genética, el hecho de que esta temática se generalice día a día y al parecer exponencialmente sobre la perplejidad que origina la concentración y el discurso hegemónico de los medios; y que a su vez, se vaya instalando la necesidad de una nueva ley sobre el servicio del medio audiovisual en nuestro país. Esta observación nace, concretamente, de la necesidad insoslayable por y para el accionar de la actual gestión del gobierno nacional que impulsa y conduce la presidenta Cristina Fernández, en el marco de un proyecto nacional y de verdadero cambio, ante el escenario actual de un bloque latinoamericanista llevado al plano del protagonismo en el ámbito mundial.

De la misma manera, vemos como se pauperiza la vigencia viciosa de una legislación obsecuente con los tiempos, que queda expuesta por obviedad de la misma inmoral persistencia; tanto por la vigencia de un contenido fuera del contexto histórico como el de sostener en legislación pareceres injustos, en una sociedad ávida de una democracia menos mediocre, más formal y firme. Me estoy refiriendo concretamente a la Ley 22.285, promulgada por el gobierno de la última dictadura cívico-militar de Videla, Martínez de Hoz & Cía.

Evaluaciones sobre la demora

No se puede eludir la regla universal de la causa y el efecto. Esto, llevado al plano de la práctica de gestión en la administración del Estado y sus sistemáticas decisiones políticas, como se viene dando en el nuestro días por el gobierno de Cristina Fernández, demanda un tono muy preciso en el causal de enviar al Congreso Nacional un nuevo Proyecto de Ley de medios audiovisuales. Nos podemos dar cuenta incluso, por lo expuesto, que esta presentación, advierte tener un impactante efecto ante la voluptuosidad de los intereses a tocar.

Podrá alegarse que ya es hora de hacer la presentación esperada, como lo vienen solicitando, casi con desesperación y en tono de ansiedad, diferentes instituciones del ámbito nacional; y creo que nadie duda de la urgencia en esta demanda. Pero situémonos en el comentario expresado en cuanto a la causa y el efecto, por lo que es válido señalar que, este mismo efecto derivado tiene que ser lo más atenuado posible, o por lo menos recibido en una relación de fuerzas capaz de moderar las ínfulas reivindicatorias de los intereses a afectar.

En un análisis objetivo, también con algunas particularidades subjetivas, podemos señalar que el tiempo político para tales efectos aún no se ha presentado adecuadamente; o por lo menos, está siendo prudentemente observado y esperado por el Ejecutivo Nacional para un mejor logro y rédito a futuro de esa acción.

Esta demora en la presentación del nuevo Proyecto, tiene también algunos aspectos que pueden considerarse favorables a pesar de las numerosas solicitudes para que se concrete su presentación por el Ejecutivo Nacional. No debemos perder de vista en la evaluación y en el análisis de la coyuntura, que en la demora se dispone de más tiempo para una instalación sin precedentes de este tema concreto en la ciudadanía toda, lo que representa un factor clave, favorable y con un buen tenor estratégico si se quiere.

A partir de esto observamos, que de una nueva Ley de Medios comienza a hablarse como hasta ahora nunca se lo había hecho antes; con el ingrediente de que a su vez se va tomando conciencia de que estamos sometidos a la vigencia de una Ley de medios de la última dictadura con sus pertinentes factores condicionantes y que hacen por añadidura a la salud del sistema republicano.

Por otra parte, también se presenta un consecuente desgaste que ocasiona la expectante situación en el stablishment mediático siempre alerta; ya sea en términos técnicos, que pueden derivar en gananciales y/ó por la operativa de la corporación de los mismos en el sistema. A pesar de estos síntomas de subjetividades de apreciación, no se debe subestimar en lo más mínimo las reacciones que propiciarán en todos los niveles de la información los monopolios mediáticos. Aparecerá también un estado de acrecentamiento del discurso único y la falacia comunicacional tomará niveles alevosos de expresión, proporcionada por sus usinas habituales, que son los crisoles editoriales que las originan siempre favorables a sus negocios e intereses. Además, con el empuje de factores que se propician con la imagen de un nuevo partido político de la “nueva derecha” opositora; valgan las palabras del compañero Nicolás Casullo en su oportunidad.

Hay además otro aspecto a considerar, que no solo no invalida lo expresado sobre la demora, sino que lo complementa. Esto es, tuvimos un agitadísimo año en el accionar legislativo nacional, no dando tregua ni espacio para incluir en la agenda del Congreso un Proyecto de Ley de tamaña dimensión. Se atendió, con todas sus implicancias y las particularidades políticas y parlamentarias conocidas el tema de las retenciones (la125); posteriormente sobrevino el tratamiento de la movilidad jubilatoria; la nacionalización de Aerolíneas Argentinas; el tema de las AFJP y la vuelta al sistema de reparto, el presupuesto para el nuevo año, la “tablita Machinea” y llegamos al final del año…

Algunos de espíritu más impulsivo aluden que en esa vorágine debería haber ingresado, por lo menos en “extraordinarias” el Proyecto de Ley de Radiodifusión. Fundamentando que esta decisión aprovecharía la dispersión y desgaste del accionar de los legislativos opositores y de la pseuda oposición indecisa en sus lineamientos, por el arduo trabajo del Congreso durante el año. Y también que a esto se le sumaría el factor sorpresa propio del estilo K. De haber sido así, (desde lo personal lo considero un delirio y peligrosamente político) tratándose de un Proyecto de Ley tan puntual y clave, que acarreará una extensa y ardua discusión parlamentaria sobre muchas decenas de artículos y una notable fundamentación de los mismos. También hay quienes opinaban desde un análisis más simplista que si hubiera sucedido así … ¿Cómo se encontraría el plantel oficial organizado y su relación de fuerzas en las cámaras para obtener resultados favorables para la sanción de una nueva Ley?

Se habla mucho de la imposibilidad de la presentación del nuevo Proyecto mientras nos encontremos en un año electoral, debido a las presiones empresariales y corporativas de los ámbitos mediáticos con sus lobbies y demás yerbas sobre las bancas del Congreso. Si estuviéramos en una democracia más firme con parámetros de conducta capaces de mostrar una elevada calidad de moral legislativa, no cabría tanta imposibilidad de una presentación durante este período; y sí, una dura y ardua lucha de pareceres partidarios y de sectores de las bancadas. Pero la relatividad de intenciones, de pareceres cambiantes, de modificaciones de las relaciones de fuerzas coyunturales, incluso la institucionalización de los lobbies y roscas en el parlamento, tal como sucede en otros escenarios mundiales, incluso se da en los EEUU, hace muy difícil un éxito final en el propósito local de utilizar períodos electorales.

Tenemos que afinar muy bien la puntería, con inteligencia y elegancia de oportunidad para acertarla positivamente y sin lugar a errores. El seguir construyendo los móviles necesarios que faciliten un final feliz para obtener la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión es prioritario y de una necesidad política que no da lugar a discusión. Sabemos también, que solo nos queda por ver cuándo y cómo … una gran incógnita, o no?



Parte II


El momento restituyente de las decisiones del Estado democrático llegará en su momento y con seguridad

Evaluar en estos momentos el tiempo preciso, oportuno y político para presentar en el Congreso un Proyecto de Ley de Servicios de Medios Audiovisuales vemos y sabemos que no es moco de pavo, pero sí, con certeza imprescindible. Es más, es una promesa y un objetivo del gobierno de Cristina Fernández que el Proyecto con la nueva Ley se presentará en tiempo y forma durante su gestión. Para esta esperada presentación, deben llevarse también a cabo aciertos de naturaleza política muy rigurosos por el impacto a ocasionar en los ámbitos corporativos mediáticos al vapulearse intereses habidos y muy celados. ¿Caben las negociaciones? …tal vez algunas, pero no olvidemos que estamos moviéndonos entre apreciaciones de límites que enmarcan contextos ideológicos, dado por un proyecto de gobierno que quiere cambiar el modelo y dar marco para que la población haga uso de la información como un servicio. Delegado éste por sobre la expresión neoliberal instalada de un sistema comunicacional en el ámbito empresarial y de los negocios mediáticos. Podrán haber o no algunas negociaciones parciales sobre algún aspecto, al respecto; pero de lo que sí estamos seguros de que una nueva Ley de Servicios de Medios Audiovisuales NO SE NEGOCIA; menos, cuando se trata ya de un asunto de Estado.

Ley de Servicios de Medios Audiovisuales y la normativa del sistema de digitalización

Por otra parte, es de suma importancia vincular el tiempo de sanción de una nueva Ley de medios con la instalación de sistemas y normativas operativas de la digitalización de medios que se avecinan en el futuro inmediato. Esta normativa debe ser introducida al nuevo sistema comunicacional con la reglamentación ineludible de la misma Ley de Medios Audiovisuales promulgada con antelación; y no hay variable alguna que determine lo contrario. Por lo tanto, si esta normativa ya está seleccionada, el borrador del Proyecto de Ley que irá al Poder Legislativo Nacional la tiene que contemplar, obviamente en todos sus mínimos detalles. También es sabido que esta normativa operativa de la digitalización, no es seleccionada por azar o por un mero capricho de elección gubernamental; sino, que responde a un estudio minucioso de pro y contras y a una precisa política llevada al plano regional y compartida con otros países integrantes del bloque del Mercosur.

La teoría cuasi destituyente del “hecho consumado”

Hay grupos de monopolios de medios que ya dan por asentado la normativa a elegirse, basados en el poder corporativo sobre el que están montados y operando abiertamente en base a la teoría del “hecho consumado”. Es así que intentan operar con equipos adecuados a normativas vigentes que ellos consideran felices para sus intenciones e intereses, sin reparar en ningún momento en las bondades para el cuerpo social sobre el que deben operar; y que incluso ya hubieron adquirido con antelación por propia decisión de sus ejecutivos. Esta metodología de imposición como los dueños del mundo a través del “hecho consumado” defenestra abusivamente el trámite que en origen debe responder a una reglamentación impartida por la administración del Estado soberano, o sea el Gobierno nacional, sobre una normativa a través de una Ley adecuada a los efectos.

En los últimos tiempos han surgido comentarios de orden periodístico en notas virtuales y agencias con las que operan estos monopolios de medios. Por ejemplo, tratando en una oportunidad de opacar la figura y gestión del interventor del COMFER, diciendo que éste está durmiendo o con sus ángeles y señalando que ellos eran los “piolas” porque ya habían adquirido los elementos para incorporar la normativa de digitalización que ellos mismos habían seleccionado. Por lo tanto señalaban que ellos iban a la vanguardia del mundo mediático. Digamos una vez más, que en un sistema democrático y republicano, donde la elección de normativas y la discusión sobre un Proyecto de Ley que sancionada como tal fije y reglamente, debe pertenecer a la acción de los poderes de la república que componen a un país civilizado y moderno; y no a las corporaciones que con prepotencia inaudita hacen causa a un sistema desgastado y en decadencia. Se puede encontrar en estos señores dueños de la “verdad” única, no solo el avasallamiento de los principios periodísticos y de la ciencia de la comunicación, sino una inmoralidad agresiva, enfermiza y cuasi destituyente de un verdadero sistema democrático.

Una clave de poder a tener siempre presente dentro de un marco estratégico.

Cabe agregar la vital importancia que tiene en este proceso de cambios, para la crisis comunicacional en que nos encontramos inmersos, el conocimiento de la masa poblacional sobre este tema que nos ocupa. Como también es fundamental y de suma importancia, el peso que parte de un consenso favorable y positivo procedente del conjunto de la ciudadanía. Esto es tan necesario como imprescindible, a los efectos de generar poder a partir de la relación dialéctica entre gobierno y las mismas bases de la población. Estos fueron los principios que se dieron en la construcción política del consenso social, las bases con sus trabajadores en relación a la administración del Estado, con el éxito redituado que todos conocemos y que quedó sellado en la historia nacional; me refiero concretamente a los primeros gobiernos peronistas.

Por otra parte cabe observar, la importancia de fijar paradigmas a partir del producto de un avance educacional y proporcionar medios de información adecuados a la población en su conjunto. Hay algo que no debe dejarse de atender por su importancia, es sumamente vital el implementar correctas políticas en el plano social que generen calidad de vida y de comunicación integral; descontando que esto fortificará más nuestro aspecto cultural a futuro.

En la actualidad las políticas sociales son muy deficitarias aún y lo programas no se concretan con los resultados esperados, debido a las falencias en las evaluaciones de las conflictivas redes y fragmentaciones sociales; y por ende en la aplicación de los mismos. La cartera que se ocupa en concreto tiene una ardua tarea; es la hora de los aciertos sin pérdidas de más tiempo. Ya está demostrado al momento que tecnocracia y capital de por sí, no sirven de mucho si no se acierta en los verdaderos canales de acción sobre los desplazamientos sociales y las características lamentables heredadas del sistema neoliberal. No hace a estas líneas buscar los “peros” en las programáticas ministeriales, pero por razones que hacen a un contexto estratégico, citamos y vale la pena dejar en claro estas particularidades, que tanto retrasa al proyecto nacional y popular que persigue esta gestión de gobierno; y que todos los que por identidad política y/o por defensa del sistema democrático nos encontramos en la trinchera, acompañamos.

Sigue dejando mucho que desear el objetivo de construir políticas desde abajo hacia arriba. Estas políticas en el orden social, además de la permanente búsqueda de los múltiples beneficios para la sociedad, tienen que ser capaces de proyectar e instalar adecuadamente que se recupere la identidad de ciudadanía, instruyendo a la población sobre sus derechos universales; que se conozca y se tenga plena conciencia, entre otras cosas, de la necesidad del derecho a la información y a la comunicación para todos los habitantes de nuestra Patria.

Todo habitante debe tener conciencia del derecho a la información de que es merecedor como ciudadano. En este derecho, los intereses de capital no pueden prevalecer sobre los derechos universales del hombre; esto debe señalarse como factor de justicia social y también en el paradigma regente en el campo de los Derechos Humanos.

El deber del Estado nacional es proporcionar los medios adecuados en que prime la pluralidad de canales y las vertientes de información necesaria, que amplíe el espectro comunicacional y otorgue verdadera solvencia de identidad a nuestra cultura.

Enero de 2009