Nueva Ley de Radiodifusión, medios y oposición

11-03-2009

El anunciado proyecto de reforma de la vieja norma de la dictadura, que se presentará el próximo miércoles, entabló el debate en diversos sectores de la sociedad. En Política&Medios opinan el titular de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y el presidente de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de Argentina.

La Casa Rosada ultima los detalles de la presentación que hará el próximo miércoles del "Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual", en un acto en el Teatro Argentino de La Plata, que encabezará la presidente Cristina Fernández junto al interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto.
Se estima que habrá tres puntos claves en ese anteproyecto: reducción de la cantidad de licencias acumuladas por un mismo prestador, división del espectro en partes iguales para empresas privadas, el estado y asociaciones sin fines de lucro; y normalización del Comfer.
Los debates para definir el contenido de la nueva Ley de Radiodifusión comenzaron el año pasado, en pleno conflicto con las patronales del agro y seguirá una vez presentado el proyecto en el Congreso, con rondas de consultas y talleres para que la iniciativa sea lo más consensuada posible.
"Lo que se está logrando de a poco, y a partir de los 21 puntos por una Radiodifusión Democrática, es un proyecto de ley. No es un decreto de necesidad y urgencia, sino un consenso que se logra a través de los diferentes actores de la comunicación. Es más, a la discusión van a ir cámaras empresarias, como la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) a la discusión. Está contemplado todo el espectro", aseguró a P&M el secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Gustavo Granero.
El dirigente gremial también aclaró que no cree que la razón de la reforma sea para atacar al Grupo Clarín, como han expresado los agentes de ese y otros multimedios argentinos.
"Esto está destinado a evitar la concentración en pocas manos de los medios de radiodifusión, y no es solamente por Clarín. La ley va a avanzar sobre los medios que hacen negocios, que informan con un discurso único en todo el país mediante la compra de diferentes medios de comunicación", aclaró.
Granero también rechazó los discursos que, sin conocer aún el contenido del proyecto, atacan la nueva ley con el argumento de la libertad de expresión.
En este sentido, aseguró que "es muy fácil salir a decir que es un ataque a la libertad de expresión. Pero eso sucede cuando, por ejemplo, Continental retransmite en una FM su contenido eliminando puestos de trabajo y dejando compañeros en la calle. Nadie se pregunta por ellos".
Precisamente, uno de los efectos de la nueva ley de Radiodifusión sería la regularización de una enorme cantidad de trabajadores.
Sobre esto, Osvaldo Francés, presidente de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA) y titular también de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de Argentina (CO.Ra.Me.Co) aseguró a P&M que "con este ley, al legalizarse esa cantidad de medios que hoy no están contenidos, se ubica una masa laboral mínima de 100 mil personas. En un momento que se está discutiendo si se sacan 100 o 200 empresas y el Gobierno subsidia para que eso no pase".
"Venimos peleando desde el advenimiento de la democracia. Ya el presidente Raúl Alfonsín nos convocó porque en ese momento quería cambiar esta ley que tiene la firma de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Por eso me extraña hoy que muchos radicales hablen en contra, cuando ellos fueron de los primeros en convocar para hacer un cambio. Están siendo usados por una tapa de un diario o por otra cosa", dijo Francés.
Asimismo, el dirigente explicó que "las posturas del senador Gerardo Morales y de la diputada Silvana Giudici son lamentables" y no sólo va en contra de la posición histórica del radicalismo, sino también "del pueblo que los votó, porque se están negando a discutir una ley que todavía no conocen, salvo que sean adivinos. Salieron a hacer lobby a favor de los grupos. Les dieron un libreto y ellos lo dijeron".
Finalmente, Francés sostuvo que la nueva ley de Radiodifusión "no es el capricho de un gobierno (…) es una decisión de Estado" y agregó que los legisladores de la oposición se deberían "poner los pantalones largos y dejar de pensar si van o no a ser la tapa de un diario y pensar en el bien común, para abrir la comunicación a la pluralidad y a la libertad de expresión, que son derechos constitucionales e internacionales"

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11-03-2009

Videla rechazó el pedido de extradición a Italia

El dictador, actualmente detenido en una cárcel del Servicio Penitenciario en Campo de Mayo, rechazó la extradición que reclamó la Justicia italiana por delitos de lesa humanidad contra 27 ciudadanos de esa nacionalidad durante el Plan Cóndor.

El represor Jorge Rafael Videla se opuso al pedido de extradición de la Justicia italiana por considerar “cosa juzgada” las causas por desaparición forzada y asesinato durante el Plan Cóndor de 27 personas de origen italiano.

Según el criterio del defensor del ex dictador, los hechos por los que es requerido por Italia fueron tratados durante el juicio a las juntas militares, conocido como "Causa 13".
Videla, de 83 años, detenido desde hace cinco meses en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo, fue trasladado esta mañana a los tribunales de Comodoro Py donde el juez federal Rodolfo Canicoba Corral le comunicó el pedido de extradición.
Durante la audiencia "de identificación", se le notificó a Videla su "arresto preventivo con fines de extradición", una formalidad procesal, ya que el ex presidente de facto cumple prisión preventiva dictada en otras causas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El pedido de las autoridades italianas incluye a otros 58 represores, entre ellos los ex jefes militares Emilio Eduardo Massera y Domingo Antonio Bussi, acusados de integrar el Plan Cóndor, un acuerdo entre dictaduras de Sudamérica, auspiciados por Estados Unidos, para perseguir a opositores políticos fuera de las propias fronteras.
Allí se investigan centenares de casos de delitos contra los derechos humanos, de los cuales 27 casos -casi todos desaparecidos- interesan a la justicia de Italia.
Si bien es improbable la extradición, ya que es requerido en el país por varios procesos judiciales, Canicoba Corral cumplió con las formalidades de la solicitud debido a los tratados de asistencia recíproca con Italia y la ley 34.767.
Además del sumario sobre el "Plan Cóndor", Videla también es investigado por la presunta existencia de un plan sistemático para la sustracción de recién nacidos durante la última dictadura militar y el secuestro a los empresarios Gutheim.
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