La nota se publicó en Informe Digital Metropolitano, Fundación Metropolitana.
Se trata de un estudio de la consultora Carlos Fara y asociados realizada especialmente para Fundación Metropolitana. Combina datos de cinco centros urbanos nacionales y una encuesta trimestral en Ciudad y Gran Buenos Aires. Las conclusiones: la mayoría quiere mayor intervención pública y que el Estado gestione los servicios públicos.
Del estudio “Grandes tendencias de la opinión pública”, de la consultora Carlos Fara y asociados, se desprende como conclusión que una mayoría de los encuestados aprueba las reformas que se produjeron desde 2003. Además, los consultados valoran mayoritariamente una mayor intervención del Estado al mismo tiempo que consideran positivas las estatizaciones de Aguas Argentinas, Aerolíneas y las AFJP. El trabajo fue realizado especialmente para Fundación Metropolitana.
Ante más de un centenar de asistentes, el propio Carlos Fara presentó su trabajo utilizando las diapositivas de un Power Point. El marco: la cena de “reencuentro metropolitano” organizada por Fundación Metropolitana el pasado 19 de mayo (Ver en es IdM “Fundación Metropolitana organizó la cena “reencuentro metropolitano”). El estudio combina relevamientos en los cinco principales centros urbanos del país, con una muestra de 700 casos, con otros correspondientes a encuestas trimestrales en Capital y Gran Buenos Aires sobre 442 casos.
El análisis suma nuevos elementos para interpretar la expectativa social en torno al Estado, su rol, sobre las gestiones presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Como primera conclusión, puede mencionarse que existe un extendido acuerdo sobre la necesidad de un “Estado reparador, protector”; del mismo modo, se reivindica la gestión estatal de diferentes servicios esenciales y la presencia de mecanismos reguladores del mercado. Los datos permiten una lectura más compleja sobre lo que “la gente” quiere y sobre cuál es el humor social en torno al intervencionismo estatal.
Una de las primeras diapositivas del estudio se ocupa del pasado reciente: evalúa la opinión sobre las transformaciones ocurridas durante la década de los 90. El 43% manifestó - en diciembre de 2007- que “algunas eran imprescindibles, otras no”. En mayo de 2001 – siete meses antes de la crisis – esa valoración alcanzaba al 59%. Por su parte, la opción “no eran necesarias” se incrementa en el mismo período pasando del 31% al 38%. En otra pregunta, se consultó sobre lo positivo de los cambios: sólo un 11% juzgó en 2007 como “muy positivo” o “bastante” las reformas de los 90.
A su manera, el relevamiento se sumó a una discusión actual en torno a diferentes modelos de país: esquemáticamente, el de la convertibilidad (“el de los 90”) contra el surgido después de la devaluación. El 53% de los relevados consideró que la “Argentina tiene más futuro” en el actual contexto. Solamente el 25%, prefirió la década marcada a fuego por el aluvión neoliberal.
Agrandar el Estado
A fines de los setenta, un ministro de la dictadura militar prometió “achicar el Estado para agrandar la Nación”; en los 90, algún presidente fue crítico de supuestas “deficiencias” estatales y privatizó diferentes servicios públicos (recursos energéticos, aerolíneas, telefonía, agua y cloacas, ferrocarriles, medios de comunicación, entre otros) con la promesa de llevar al país al “primer mundo”. Buena parte de la sociedad legitimó esos planteos en el marco del neoliberalismo. De esta manera, Argentina desmontó uno de los Estados de bienestar más inclusivo y extensivos de Latinoamérica.
El relevamiento de Fara parece dar cuenta de la vuelta de página que Argentina experimentó a partir de la crisis de 2001. Si se toma el período que va desde febrero de 2003 a marzo de 2009, se observa que un porcentaje importante de la sociedad –que oscila entre el 58% y el 78%- considera que los servicios públicos “deberían volver a manos del Estado”. Un mismo porcentaje, en el mismo espacio de tiempo, entiende que el Estado prestaría mejor servicio que el sector privado. En ambos casos, los críticos del sector público no superan, en el mejor de los casos, al 30% de los relevados.
El estudio interrogó además sobre las preferencias en torno a incrementar la intervención del Estado sobre la economía. Tal vez sorpresivamente, ya que cierto sentido común pareciera señalar lo contrario, el 45% está a favor de ampliar la participación pública contra un 38%. De esta manera, se agregan elementos para conjeturar sobre la legitimidad de un Estado activo y con intervención en la vida colectiva.
Aerolíneas, AFJP y Aguas
Durante los 90, distintos servicios públicos pasaron a manos privadas. Los argumentos centrales: lograr mayor eficiencia, mejor calidad y costos más baratos. En casi todos los casos, los resultados en el país fueron impresentables, con énfasis en lógicas de mercado y nulos beneficios para los “usuarios”.
A partir de 2001, la crisis política, económica y social, se tradujo en un fuerte cuestionamiento a muchos valores y verdades que se habían impuesto en las décadas precedentes. En ese contexto, se extendió la crítica al sector privado como gestor de servicios esenciales. Desde 2003, el Estado nacional recuperó posiciones en la vida colectiva, en muchos casos ocupándose directamente de la gestión, sea por convicción o por deficiencia del operador privado. El rápido repaso nos arroja Aguas Argentinas, Aerolíneas, las AFJP, diferentes líneas de ferrocarriles, entre otras empresas.
La muestra de Fara se ocupa de las estatizaciones más emblemáticas y sus resultados –una vez más- son disonantes con aquellos planteos –mediáticos, dirigenciales, de no pocos referentes públicos- que argumentan sobre un supuesto repudio social a la intervención estatal. El análisis enfoca en las nacionalizaciones de Aerolíneas, AFJP y Aguas, con muestras de mayo de 2009. En los dos primeros casos, el acuerdo supera el 50%.
El caso de Aguas Argentinas afectó la metrópolis Buenos Aires, ya que esa empresa se ocupaba del servicio de agua corriente y cloacas en Capital Federal y 24 municipios del Gran Buenos Aires. Luego de diversos incumplimientos de la empresa francesa, el Gobierno nacional produjo la estatización en 2006, mediante la creación de AySA. En una medición que combina muestras de marzo de los años 2007, 2008 y 2009 (sobre casi 500 casos metropolitanos) se observa que la aprobación oscila entre el 63 y el 72% (el 18% de rechazo).
El 28 de junio, Argentina elegirá legisladores en diferentes distritos del país. Como siempre ocurre, la campaña disparó discusiones, algunas pobres, y otras interesantes que giraron en torno a modelos de desarrollo. En ese debate público más amplio, la encuesta de Fara hace su aporte sobre la legitimidad del Estado. (Agencia Paco Urondo)
Del estudio “Grandes tendencias de la opinión pública”, de la consultora Carlos Fara y asociados, se desprende como conclusión que una mayoría de los encuestados aprueba las reformas que se produjeron desde 2003. Además, los consultados valoran mayoritariamente una mayor intervención del Estado al mismo tiempo que consideran positivas las estatizaciones de Aguas Argentinas, Aerolíneas y las AFJP. El trabajo fue realizado especialmente para Fundación Metropolitana.
Ante más de un centenar de asistentes, el propio Carlos Fara presentó su trabajo utilizando las diapositivas de un Power Point. El marco: la cena de “reencuentro metropolitano” organizada por Fundación Metropolitana el pasado 19 de mayo (Ver en es IdM “Fundación Metropolitana organizó la cena “reencuentro metropolitano”). El estudio combina relevamientos en los cinco principales centros urbanos del país, con una muestra de 700 casos, con otros correspondientes a encuestas trimestrales en Capital y Gran Buenos Aires sobre 442 casos.
El análisis suma nuevos elementos para interpretar la expectativa social en torno al Estado, su rol, sobre las gestiones presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Como primera conclusión, puede mencionarse que existe un extendido acuerdo sobre la necesidad de un “Estado reparador, protector”; del mismo modo, se reivindica la gestión estatal de diferentes servicios esenciales y la presencia de mecanismos reguladores del mercado. Los datos permiten una lectura más compleja sobre lo que “la gente” quiere y sobre cuál es el humor social en torno al intervencionismo estatal.
Una de las primeras diapositivas del estudio se ocupa del pasado reciente: evalúa la opinión sobre las transformaciones ocurridas durante la década de los 90. El 43% manifestó - en diciembre de 2007- que “algunas eran imprescindibles, otras no”. En mayo de 2001 – siete meses antes de la crisis – esa valoración alcanzaba al 59%. Por su parte, la opción “no eran necesarias” se incrementa en el mismo período pasando del 31% al 38%. En otra pregunta, se consultó sobre lo positivo de los cambios: sólo un 11% juzgó en 2007 como “muy positivo” o “bastante” las reformas de los 90.
A su manera, el relevamiento se sumó a una discusión actual en torno a diferentes modelos de país: esquemáticamente, el de la convertibilidad (“el de los 90”) contra el surgido después de la devaluación. El 53% de los relevados consideró que la “Argentina tiene más futuro” en el actual contexto. Solamente el 25%, prefirió la década marcada a fuego por el aluvión neoliberal.
Agrandar el Estado
A fines de los setenta, un ministro de la dictadura militar prometió “achicar el Estado para agrandar la Nación”; en los 90, algún presidente fue crítico de supuestas “deficiencias” estatales y privatizó diferentes servicios públicos (recursos energéticos, aerolíneas, telefonía, agua y cloacas, ferrocarriles, medios de comunicación, entre otros) con la promesa de llevar al país al “primer mundo”. Buena parte de la sociedad legitimó esos planteos en el marco del neoliberalismo. De esta manera, Argentina desmontó uno de los Estados de bienestar más inclusivo y extensivos de Latinoamérica.
El relevamiento de Fara parece dar cuenta de la vuelta de página que Argentina experimentó a partir de la crisis de 2001. Si se toma el período que va desde febrero de 2003 a marzo de 2009, se observa que un porcentaje importante de la sociedad –que oscila entre el 58% y el 78%- considera que los servicios públicos “deberían volver a manos del Estado”. Un mismo porcentaje, en el mismo espacio de tiempo, entiende que el Estado prestaría mejor servicio que el sector privado. En ambos casos, los críticos del sector público no superan, en el mejor de los casos, al 30% de los relevados.
El estudio interrogó además sobre las preferencias en torno a incrementar la intervención del Estado sobre la economía. Tal vez sorpresivamente, ya que cierto sentido común pareciera señalar lo contrario, el 45% está a favor de ampliar la participación pública contra un 38%. De esta manera, se agregan elementos para conjeturar sobre la legitimidad de un Estado activo y con intervención en la vida colectiva.
Aerolíneas, AFJP y Aguas
Durante los 90, distintos servicios públicos pasaron a manos privadas. Los argumentos centrales: lograr mayor eficiencia, mejor calidad y costos más baratos. En casi todos los casos, los resultados en el país fueron impresentables, con énfasis en lógicas de mercado y nulos beneficios para los “usuarios”.
A partir de 2001, la crisis política, económica y social, se tradujo en un fuerte cuestionamiento a muchos valores y verdades que se habían impuesto en las décadas precedentes. En ese contexto, se extendió la crítica al sector privado como gestor de servicios esenciales. Desde 2003, el Estado nacional recuperó posiciones en la vida colectiva, en muchos casos ocupándose directamente de la gestión, sea por convicción o por deficiencia del operador privado. El rápido repaso nos arroja Aguas Argentinas, Aerolíneas, las AFJP, diferentes líneas de ferrocarriles, entre otras empresas.
La muestra de Fara se ocupa de las estatizaciones más emblemáticas y sus resultados –una vez más- son disonantes con aquellos planteos –mediáticos, dirigenciales, de no pocos referentes públicos- que argumentan sobre un supuesto repudio social a la intervención estatal. El análisis enfoca en las nacionalizaciones de Aerolíneas, AFJP y Aguas, con muestras de mayo de 2009. En los dos primeros casos, el acuerdo supera el 50%.
El caso de Aguas Argentinas afectó la metrópolis Buenos Aires, ya que esa empresa se ocupaba del servicio de agua corriente y cloacas en Capital Federal y 24 municipios del Gran Buenos Aires. Luego de diversos incumplimientos de la empresa francesa, el Gobierno nacional produjo la estatización en 2006, mediante la creación de AySA. En una medición que combina muestras de marzo de los años 2007, 2008 y 2009 (sobre casi 500 casos metropolitanos) se observa que la aprobación oscila entre el 63 y el 72% (el 18% de rechazo).
El 28 de junio, Argentina elegirá legisladores en diferentes distritos del país. Como siempre ocurre, la campaña disparó discusiones, algunas pobres, y otras interesantes que giraron en torno a modelos de desarrollo. En ese debate público más amplio, la encuesta de Fara hace su aporte sobre la legitimidad del Estado. (Agencia Paco Urondo) 
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