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14 jul 2009

Polémica ante una eventual reforma del Consejo de la Magistratura

http://www.politicaymedios.com/img/logo.gif13 /7/2009
Frente a la predisposición oficial a escuchar posibles cambios en el órgano, ya comienzan a surgir diferentes propuestas y opiniones que adelantan una intensa disputa. En dialogo con Política&Medios el diputado Emilio García Méndez remarcó que debe haber cambios pero manteniendo la "primacía de lo político". Para el abogado Jorge Alberto Álvarez, en cambio, es necesario "volver al sistema anterior".

El actual escenario político, tras las elecciones legislativas y la convocatoria oficial al diálogo multisectorial, promete repercutir sobre el Consejo de la Magistratura, donde la oposición reprocha al oficialismo el supuesto manejo discrecional de poder después de la reforma impulsada por la presidenta Cristina Fernández cuando ocupaba su banca en el Senado.
Si embargo, la diputada y consejera del organismo, Diana Conti, afirmó ayer que "lo único que molesta del actual Consejo de la Magistratura es que los malos jueces hayan dejado de tener impunidad política" y aseguró que "todos los planteos de reforma serán analizados pero no avanzaremos en ninguno que pretenda la complicidad con la corrupción judicial".
El Consejo de la Magistratura, órgano encargado de seleccionar y promover la destitución de jueces federales y nacionales, fue reformado hace cuatro años para reducir el número de miembros de 20 a 13, dejando al oficialismo con cinco votos (dos senadores, dos diputados y un representante del Ejecutivo).
Cristina Fernández le pidió ahora al nuevo ministro de Justicia, Julio Alak, que "escuche" a todos los sectores y analice todas las iniciativas, incluso las surgidas desde la oposición con respecto a los cambios dentro del Consejo.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) comenzó a trabajar en un proyecto que propone otorgar un representante más a los abogados (hoy tienen dos), a los jueces (hoy tienen tres) y a los académicos (hoy hay uno solo).
Con esta iniciativa serían 16 integrantes, incluidos los cinco del oficialismo, mientras que los otros sectores podrían alcanzar por sí solos los 2/3 necesarios para votaciones clave como la aprobación de un juicio político.
La oposición habla de "volver al equilibrio" de acuerdo a lo establecido por la Constitución, aunque ya hay rumores de un pacto entre el Acuerdo Cívico y Social (ACyS) y Unión-PRO para poder constituir una mayoría en el Consejo.
"Estamos de acuerdo con que haya una participación más plural y que no sea el Poder Ejecutivo el que maneje el Consejo, pero tampoco que sea la cooperación judicial la que tome las decisiones discrecionalmente, sino que sea un control mutuo para generar mayor transparencia", afirmó en dialogo con Política&Medios el diputado por el bloque de Solidaridad e Igualdad (SI), Eduardo Macalusse.
La iniciativa del SI será elaborada por el diputado Emilio García Méndez, quien le confirmó a P&M que el proyecto intentará reflejar el equilibrio que para ellos es necesario dentro del Consejo, donde debería de predominar el poder político.
"Yo creo que tiene que haber una primacía de la política, lo cual no significa que esto deba concentrarse en el partido gobernante de turno. Tiene que haber primacía de lo político para que pueda manejar a la corporación judicial. Lo importante es encontrar un equilibrio", dijo García Méndez.
En este sentido, agregó que "este Consejo de la Magistratura ha consolidado la idea de que el Gobierno tiene la llave para la remoción o no remoción, o para el nombramiento o no nombramiento de un juez y la verdad es que esto es, a mi juicio, tan intolerable como que haya un manejo por parte del corporativismo judicial".
Desde el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, el abogado Jorge Alberto Álvarez dijo a P&M que, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, en lo provincial "todos las ternas se logran por consenso y no por imposición de un sector que puede vetar cualquier decisión".
"Como mínimo hay que volver al sistema anterior, tiene que estar equilibrado porque es la única forma de consensuar y obtener los mejores jueces y no que surjan solo de un poder político de turno, que por consecuencia pierden independencia", analizó el letrado.
A su juicio, este sistema hace que los jueces estén atentos a lo que hacen por miedo a ser removidos de sus puestos, cosa que cambiaría con un "sistema equilibrado, repartido entre los distintos estamentos, lo que garantiza que no todos se van a poner de acuerdo para perjudicarlos".

Denuncias desde la Coalición Cívica. Según un informe de la ex consejera de la CC dentro de la Magistratura, Marcela Rodríguez, desde febrero de 2007, cuando se puso en funcionamiento el nuevo régimen, hay un 20 por ciento de los tribunales que tienen jueces subrogantes, suplentes de manera temporaria.
Esta condición de movilidad complica la independencia de los magistrados, que pueden ser removidos por una simple decisión del Consejo. Si la celeridad era el objetivo de la reforma, dice Rodríguez, esta no se cumplió.
El informe también indica que en el 2004, antes de la reducción de miembros, se enviaron 82 ternas a la Casa Rosada, mientras que en 2007 mandaron 52, y el año pasado 58.
Hasta ahora hay 152 vacantes todavía en proceso de cobertura, es decir el 17 por ciento, según el escrito, del total de los más de 900 juzgados federales y nacionales.
Sin embargo, el oficialismo salió a desmentir estas denuncias de la mano de la diputada Conti, quien explicó que "en los años 2007, 2008 y el primer semestre de 2009 se han convocado a 79 concursos, mejorando lo realizado por este Consejo en el período 2004/06 cuando se convocaron a 77 concursos, y lo hecho en 2001/03, cuando se convocó a 48".
Conti agregó además que "este Consejo hizo hincapié en impedir que las causas demorasen años, tal como venía ocurriendo" y que el organismo "fijó en seis meses prorrogable por otros seis, es decir, un año en total, el plazo para agilizar la investigación preliminar".

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