Evalúan elevar el caso Julio López a la CIDH

La paralización de la causa, a casi tres años de la desaparición del testigo, llevó a Justicia Ya a analizar la posibilidad de enviar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Creemos que el próximo paso es pedir la denegación de Justicia, que habilitaría el fuero internacional”, dijo a P&M Nilda Eloy, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos.

El viernes 18 de septiembre se cumplen tres años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo principal del juicio en el que se condenó a cadena perpetua a Miguel Etchecolatz, y la causa continúa estancada en los archivos judiciales.
“Estamos asumiendo lentamente que judicialmente se está haciendo desaparecer la causa y que queda claro que la instancia judicial a nivel nacional resulta inviable porque le encuentran la vuelta para impedir cualquier avance”, señaló resignada a Política&Medios Nilda Eloy, integrante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y testigo junto a López en el juicio a Etchecolatz.
La causa pasó al control del juez Manuel Blanco cuando su antecesor, Arnaldo Corazza, se excusó al ser denunciado por el abogado de la familia López por haber omitido proteger al testigo. Sin embargo, Blanco no se hizo cargo de la investigación y la delegó en la Fiscalía 1 de Sergio Franco, quien tampoco la aceptó.
“Actualmente se mantiene en una situación incierta. La Cámara Federal de Apelaciones la volvió a mandar al juez Blanco, pero fue a la Cámara de Casación, que anuló ese fallo y pasaría nuevamente a la fiscalía, que ya rechazó la causa en tres oportunidades”, rememoró Eloy.
Casación también ordenó a la Cámara Federal de Apelaciones que saque un fallo asignando el caso a la fiscalía, que se realizaría esta misma semana.
Los primeros avances en la investigación se produjeron recién en enero de 2009, cuando la causa pasó a manos de le Secretaria especial, dedicada a crímenes de lesa humanidad y se comenzó a buscar en el circuito íntimo de Etchecolatz.
“Sostener la impunidad es una tarea muy ardua. En enero se consiguieron las primeras medidas y a fines de enero la paralizaron. No hace falta mucho para poder leerlo”, sostuvo Eloy.
Ante la falta de respuesta de la Justicia local, desde la organización adelantaron que evalúan la posibilidad de elevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una decisión que implicaría resignare a obtener Justicia en el país.
“Creemos que el próximo paso es pedir la denegación de Justicia, que habilitaría el fuero internacional. Siempre apostamos a hacerlo acá porque creemos que tenemos derechos a eso, pero nos dimos cuenta que las cosas no se hacen y no porque no puede sino porque no quieren hacerse”, concluyó.
La abogada de la Liga Argentina de Derechos Humanos, Guadalupe Godoy, querellante en la causa López, dijo P&M que de tomarse esa decisión, el caso iría a la CIDH, aunque explicó que la dificultad radica en que “la denegación de Justicia implica denunciar a quien la denegó, jueces, fiscales o los operadores de las fuerzas de seguridad”.
“En la CIDH también hay complejidades, porque hay una mirada muy fuerte sobre lo que hace Argentina en derechos humanos y les cuesta entender que se hagan cosas como lo de López”, señaló.
La CIDH es la encargada de elevar las causas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo judicial supranacional que aplica los tratados de derechos humanos dentro de la OEA.
Este organismo ya condenó al Estado Argentino en 2004 por el asesinato de Walter Bulacio en 1991 en manos de la Policía Federal en un recital de los Redonditos de Ricota.
En ese caso, a partir de una resolución amistosa entre los familiares de Bulacio y el Estado, la Corte ordenó concluir la investigación y sancionar a los responsables, garantizar que esos hechos no se repitieran y pagar una indemnización a la familia.