MEDIA SANCIÓN , SE VOTO EN GENERAL Y EN PARTICULAR.

YA TIENE MEDIA SANCIÓN , SE VOTO EN GENERAL Y EN PARTICULAR.

Al abrir el debate, el titular de la Comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón, dijo que se trata del proyecto que, "junto a la Ley Federal de Educación, ha llegado al Congreso Nacional con más aire fresco de consenso de distintos sectores", fruto de los foros de debate realizados en todo el país y dijo que busca saldar "una vieja deuda" del Congreso con la sociedad.

"Estamos tocando intereses poderosos que se sentían impunes y usaban todo tipo de elementos para impedir que una nueva ley regule los medios so pretexto de afectar la libertad de expresión", aseveró Baladrón.

Tras la exposición del miembro informante, diputados opositores de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica plantearon cuestiones de privilegio para denunciar supuestas irregularidades en la firma del dictamen y en el desarrollo de la sesión especial que -según aseguraron- "no respeta lo establecido en el reglamento de la Cámara".

Al fundamentar la postura de la UCR, la titular de la comisión de libertad de expresión, la radical Silvana Giúdici, anticipó el rechazo de esa bancada al proyecto y sostuvo que "la libertad de expresión no es negociable. Es la posibilidad y derecho de buscar recibir y difundir información como nos parezca".

En esa línea, desde Diálogo por Buenos Aires, Miguel Bonasso, se mostró en contra del proyecto e insistió en que el Parlamento debe tener "el control de la Autoridad de Aplicación" y dijo que no veía que se establecieran en la norma "los mecanismos para competir con eficiencia contra los medios concentrados".

José Brillo, del MPN, rechazó la iniciativa porque, sostuvo, "afecta la seguridad jurídica y las inversiones realizadas en un marco normativo prefijado" y cuestionó la "estructura" de la Autoridad de Aplicación porque, afirmó que "su funcionamiento no garantiza condiciones de una organización autónoma e independiente".

La Coalición Cívica, a través del diputado Fernando Iglesias, cuestionó "las atribuciones y las competencias abusivas de la ley" y consideró que "es vergonzoso que la Autoridad de Aplicación siga teniendo mayoría oficialista".

Asimismo, desde el PRO, Luis Galvalisi, se mostró en contra de la iniciativa y dijo que "carece de un análisis profundo", al considerar que "el pueblo no conoce lo que implica esta normativa y eso pone en riesgo a la Nación y a la República".

A diferencia de sus aliados de la UCR y de la Coalición Cívica, la titular del bloque de diputados del Partido Socialista, Silvia Augsburger, anticipó que esa bancada iba a respaldar en general la norma, al afirmar que "si se pone en una balanza el texto vigente, el de la Dictadura con las modificaciones de la democracia y éste, la balanza se inclina en favor de este último".

También, la diputada de Libres del Sur que integra el bloque Encuentro Popular y Social, Cecilia Merchán, recordó que esa fuerza trabajó "incansablemente para que este proyecto exista" y destacó las modificaciones logradas en torno a la autoridad de aplicación para "equilibrar" ese organismo.

Por su parte, el diputado nacional de Buenos Aires para Todos-Proyecto Sur, Claudio Lozano, anticipó que esa fuerza iba a acompañar en general el proyecto aunque dijo que iba a plantear cambios en la discusión en particular de la norma.

En el cierre del debate, el presidente de la bancada oficialista, Agustín Rossi, enfatizó que "comprendemos lo que dicen algunos diputados de otros bloques e incluso de nuestra propia bancada con respecto a los tiempos para tratar la ley; pero había y hay muchas presiones, descalificaciones y amenazas, por eso el tiempo no es un tema inocuo"

"Por ejemplo las audiencias públicas que realizamos desaparecieron durante varias horas de muchos canales de noticias; y a mayor tiempo que transcurría, la presión que se ejercía y que se ejerce -sobre los legisladores- iba a tener más posibilidades de concretar su fin", remarcó.

Pasadas las 21, legisladores de la UCR, y la Coalición Cívica ofrecieron una conferencia de prensa para explicar que se retiraban del recinto por no compartir "la metodología de tratamiento de la ley".

A esta medida se sumaron el Pro y el PJ disidente.
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