De Videla a los Kirchner, la historia de la ley de radiodifusión

De la redacción de lanacion.com - npecoraro@lanacion.com.ar--9 de octubre, 1:47 PM Por Natalia Pecoraro

La ley de radiodifusión que hoy podría quedar en la historia tuvo más de 200 modificaciones o normas complementarias desde la vuelta de la democracia. Todos los presidentes presentaron proyectos para cambiarla, aunque, hasta ahora, ninguno la derogó.

La ley 22.285 fue promulgada por el presidente de facto Jorge Rafael Videla el 15 de septiembre de 1980 para fijar "los objetivos, las políticas y las bases" que tenían que "observar los servicios de radiodifusión". En ese momento también fue creado el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), que tanto entonces como ahora basa su política y la aplicación de sanciones en esa normativa.

El 26 de abril de 1988, el entonces presidente Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto que se apoyaba en un trabajo del Consejo de Consolidación de la Democracia, que no prosperó.

Un año después, el 30 de mayo de 1989, envió otra iniciativa que tampoco avanzó.

Menem. En 1989, recién llegado a la presidencia, Carlos Menem derogó el artículo 45, que negaba a las empresas periodísticas extender su actividad al campo de la televisión y radiofonía. Así quedaba abierto el camino para la privatización de los canales 11 y 13 (que se hizo el 23 de diciembre de ese año, cuando Televisión Federal y Artear se hicieron cargo de las emisoras). Canal 2 y Canal 9 ya habían regresado a manos privadas en 1983, por una decisión del general Reinaldo Bignogne, tomada poco antes de las elecciones del 30 de octubre.

El 29 de noviembre de 1996, el gobierno mandó al Senado un decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias con un anexo con 49 proyectos de ley, entre los cuales había uno para modificar la de radiodifusión. Las sesiones extraordinarias se hicieron, pero nunca se llegó a debatir el proyecto.

Diez meses después, criticado por los legisladores de la Alianza y no prosperó.

En diciembre de 1997, el proyecto enviado por el Ejecutivo el año anterior perdió estado parlamentario.

Promesa. El 28 de diciembre de 1997, durante un encuentro con los dirigentes de ADEPA, Menem prometió que una nueva ley de radiodifusión sería aprobada al año siguiente. Jorge Yoma, uno de sus hombres más cercanos, se mostró escéptico: "Se requeriría un acuerdo de los partidos políticos tan trabajoso como una reforma constitucional".

Las palabras de Yoma no eran casuales. Durante la Convención Constituyente de 1994 se había discutido incluir un artículo antimonopólico en el nuevo texto constitucional, pero prefirieron derivar el asunto a una futura ley, que nunca salió.

Ese año, en varias oportunidades, legisladores de distintos partidos y el propio presidente habían dicho que 1997 no terminaría sin que el país tuviera una nueva ley de radiodifusión. Todos los proyectos presentados quedaron en los cajones del Congreso.

Un decreto polémico. El 2 de octubre de 1998, un decreto de necesidad y urgencia posibilitó a los titulares de licencias radiales a transferir sus acciones aunque no hubieran pasado cinco años desde la iniciación de las emisiones regulares de la frecuencia.

Candidatos. Durante agosto y septiembre de 1999, justo antes de las elecciones presidenciales, los dos principales candidatos, Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa, debatieron sobre la ley de radiodifusión y manifestaron públicamente sus posiciones. Ambos estaban de acuerdo con que tenía que reformularse inmediatamente.

Con respecto a las medidas que instrumentaría, Duhalde había dicho que todos los sectores y partidos políticos tenían que "tratar de cero" un nuevo proyecto que respetara a las emisoras pequeñas, "evitando la anarquía".

También había asegurado que no privatizaría Argentina Televisora Color (ATC), sino que "mejoraría" su administración. Hablaba de la ley de radiodifusión como una "prioridad".

El entonces gobernador bonaerense había dicho además que no le gustaba "ni medio" que capitales extranjeros pudieran desembarcar en la Argentina para comprar empresas periodísticas.

De la Rúa. "Es un desafío de la Alianza elaborar una nueva ley, moderna y actualizada, cuya consigna básica sea no restringir, sino ampliar y asegurar la libertad de prensa", había dicho Fernando de la Rúa.

"Esa ley tiene más de veinte años y además de la ilegitimidad con que fue sancionada, sufre un anacronismo tal que la hace inaplicable", había opinado . "Vamos a impulsar desde el Ejecutivo una nueva ley que surja del consenso entre todos los sectores involucrados en la producción de contenidos culturales".

Otro decreto polémico. En septiembre de 1999, Menem modificó puntos considerados clave de la ley de radiodifusión mediante el decreto de necesidad y urgencia 1005.

La norma autorizaba que cualquier persona física o sociedad comercial fuera titular de hasta 24 licencias de radio o televisión en todo el país, modificando el tope de 4 admitidas por la ley. También habilitaba la formación de redes o cadenas para radio y TV y autorizaba la transferencia de licencias, que estaba prohibida.

Las reacciones en contra del decreto no se hicieron esperar. Diputados de la oposición pidieron derogarlo. "Es indiscutible la necesidad de dictar una nueva ley de radiodifusión. No hay razón de necesidad, urgencia, mérito, conveniencia u oportunidad capaces de justificar el dictado de este decreto", había dicho entonces un grupo de legisladores, entre quienes estaba la actual ministra de Defensa, Nilda Garré.

Un poco a favor. La Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (Cemci), que agrupaba a varias entidades, había difundido entonces su opinión respecto al polémico decreto. "Viene a corregir algunos de los aspectos normativos más anacrónicos, lo cual sin duda es auspicioso, pero no suficiente".

En noviembre de 1999, el Congreso convirtió en ley un proyecto para crear un multimedio estatal, que contemplaba la creación de una comisión de comunicaciones que unificaría a Radio Nacional con el servicio de radiodifusión de la Argentina en el exterior y con ATC. La iniciativa preveía que ese multimedios del Estado fuera controlado y supervisado por una comisión bicameral del Congreso.

Intento de la Alianza. Durante los primeros meses del radical De la Rúa como presidente, en marzo de 2000, el Gobierno anunció la "decisión de construir consensos" con diversas entidades privadas de la radiodifusión y con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupaba a las universidades nacionales, para converger en una nueva ley para el sector para reemplazar la 22.285.

Ese intento se concretó seis meses después, cuando el Gobierno concluyó la redacción de un anteproyecto para fijar nuevas reglas en el mapa de la radio y la TV. La iniciativa introducía un nuevo régimen de competencia para los propietarios de los medios de comunicación y fijaba límites para la adjudicación de licencias.

El texto fue remitido a distintas instituciones para recoger opiniones. Las críticas de los directivos de los principales grupos propietarios de radios y emisoras de televisión no tardaron en llegar. Se mostraron "sorprendidos" por el contenido del proyecto, especialmente por los límites para la presencia de capitales extranjeros.

Multimedios estatal. El 25 de enero de 2001, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 94, creó el Sistema Nacional de Medios Públicos (SMNP), que fusionaba Canal 7, Radio Nacional y la agencia Télam.

El SMNP quedaba entonces en jurisdicción de la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia, y tenía por objeto "administrar, operar y desarrollar los medios y servicios de radiodifusión sonora y televisiva, periodísticos y de transmisión de contenidos" que se le transferían por ese decreto.

Nuevo proyecto. En abril de 2001, el Comfer y Darío Lopérfido, entonces secretario de Cultura, elaboraron un proyecto de ley que definía el otorgamiento de nuevas licencias de radio y televisión, un mayor control en la explotación de emisoras, un ajuste y ordenamiento en los contenidos de programación de las emisoras, la creación de redes nacionales de televisión abierta y pautas comunes para todos los licenciatarios. No prosperó.

Duhalde. Cinco días antes de dejar el poder, en mayo de 2003, el presidente Eduardo Duhalde firmó un decreto que modificaba el artículo 11 de la ley 22.285 y autorizaba a las administraciones provinciales a tener un canal de TV abierta y una radio AM, y a los municipios a disponer del servicio radiofónico en FM.

Sin fines de lucro. En noviembre de 2004, la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la ley de radiodifusión que permitía a las cooperativas y mutuales ser propietarias de medios de comunicación. El proyecto fue aprobado por 146 votos en favor y 2 negativos. Sin embargo, la sanción definitiva del proyecto fue en agosto de 2005.

Nueva ley. A fines de marzo de 2008, tras varias semanas de rumores y desmentidas, el entonces interventor del Comfer, Julio Bárbaro, renunció a su cargo, que ocupaba desde junio de 2003. Gabriel Mariotto lo reemplazó, e inmediatamente trascendió la intención de la presidenta Cristina Kirchner de sancionar una nueva ley de radiodifusión.

En abril de ese año, en una entrevista con LA NACIÓN, Mariotto, un hombre de extrema confianza del secretario de Medios, Enrique Albistur, había adelantado : "La voluntad de la Presidenta es avanzar sobre una nueva ley para desconcentrar el mercado".

La Iglesia. En septiembre del año pasado, el titular de la Comisión de Comunicación Social del Episcopado, arzobispo Mario Maulión, se reunió con Albistur y le dio su respaldo para la creación de una nueva norma que apuntara "al bien común, la libertad de expresión y la pluralidad".

Este año. Finalmente, el Gobierno presentó este año el anteproyecto para reemplazar la ley de radiodifusión. La Presidenta hizo el anuncio el 18 de marzo, en el teatro Argentino de La Plata, ante una multitud.

Después de cinco meses, el Poder Ejecutivo envió el proyecto al Congreso. El anuncio fue en la Casa Rosada, en un acto repleto de militantes, gobernadores, ministros y sindicalistas. Ese día, Cristina Kirchner definió a la prensa como un "suprapoder" y denunció: "La libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión".

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Tras cuatro audiencias públicas, diversas denuncias de la oposición para evitar el tratamiento del proyecto en el recinto y de una reunión final del plenario de comisiones que duró 14 horas, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto hace tres semanas; sin la presencia de la oposición, que se retiró en protesta por las irregularidades del proceso.

Hoy, el proyecto sancionado en la Cámara baja es debatido en el Senado. Los legisladores opositores aseguraron que pelearán hasta el último minuto para que no sea aprobado tal como está. Los oficialistas se mostraron confiados.