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20 may. 2010

Por unanimidad, la Corte aceptó tratar la ley de medios

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La totalidad de los miembros de la Corte Suprema se pusieron de acuerdo para resolver el futuro de la ley
En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó ayer tramitar el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional contra la medida cautelar dictada por la justicia federal mendocina, que trabó la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De inmediato, el máximo tribunal giró el expediente al procurador general de la Nación, Esteban Righi, para que emita su dictamen, pero no levantó la suspensión de la norma, que permanecerá congelada hasta tanto emita el fallo.
La resolución fue adoptada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Enrique Petracchi y Carlos Fayt, en una reunión realizada ayer, en la que además dictaminaron que el uso de los decretos de necesidad y urgencia debe ser excepcional.
Ahora, la atención del Gobierno nacional está puesta en los tiempos en que se tomará el alto tribunal para emitir un fallo. “Hay editoriales de diarios centenarios que alimentan y alertan que la Corte no tiene plazos para decidir”, anunció el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, quien agregó: “Sabemos quiénes se benefician con esto, como los grandes grupos monopólicos, y se perjudica a la sociedad. Nos obligan a aplicar la ley de la dictadura con todo lo que implica. No quieren una ley de la democracia”.
En declaraciones a Radio América, el funcionario nacional declaró que “es una grosería la visita de Héctor Magnetto (CEO de Clarín) a la Corte, las presiones están a la orden del día”. No obstante, Mariotto aclaró: “Confiamos en la independencia de la Corte que posiblemente revierta la medida cautelar, porque no hay antecedentes que una medida así impida la aplicación de una ley de la democracia”.
“Estamos huérfanos de una legislación actualizada en cuestión de medios”, manifestó el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha. El autor de la apelación aseguró que, aunque “no tiene plazos para pronunciarse”, estima que lo hará “de aquí a un mes”.
El recurso presentado por el Gobierno nacional invoca como causal la existencia de una gravedad institucional. En ese sentido, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, expresó: “Hay un conflicto de poderes y una crisis institucional creada por la Justicia que cercena la actividad del Parlamento Nacional”.
“La Justicia no tiene la facultad de suspender la aplicación de una ley. Quien deroga y crea las leyes es el Congreso”, declaró el dirigente radical.
Al respecto, una fuente judicial argumentó: “El haber admitido el recurso es un 70% del levantamiento de la suspensión porque ahora la Corte no tiene argumentos para no hacerlo. El único argumento que podía esbozar era que no trata medidas cautelares”.
El titular del Consejo Federal de Comunicación, Néstor Busso, recordó que en el tratamiento de la ley “se respetaron todas las instancias constitucionales” y que el proyecto “tuvo más de cien modificaciones” antes de ser aprobado por el Congreso Nacional y que por lo tanto la suspensión “es absurda”.
De esta manera respondió el funcionario a la presentación judicial que motivó la suspensión de la ley de medios, el 21 de diciembre, menos de dos meses después de haber sido sancionada. El diputado peronista disidente Enrique Thomas dijo ante la justicia federal de Mendoza que se violaron procedimientos legislativos, un argumento que adoptó como propio la jueza Olga Pura de Arrabal y la Sala 1 de la Cámara Federal de Mendoza.
Aunque estiman que el dictamen de Righi saldrá en menos de diez días, en la Casa Rosada descartan que el fallo del máximo tribunal no saldrá antes de la feria judicial de julio. Más allá de que es probable que sea favorable al Gobierno; para aplicar la ley deberá resolverse primero un recurso similar presentado en Salta y otros dos que se tramitan en los tribunales de San Juan y la Capital Federal. Ahí, a diferencia de lo que ocurre en Salta y Mendoza, el argumento principal es la inconstitucionalidad de los artículos antimonopólicos y de plazo de desinversión.
Sin embargo, un fallo favorable de la Corte permitirá avanzar sobre algunos aspectos no cuestionados de la ley y será un aval político importante que los tribunales inferiores no podrán desconocer fácilmente al fallar sobre un texto consensuado durante más de un año y aprobado por más de la mitad de los legisladores.

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