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2 nov. 2015

se aprobó la modificación a la Ley 24.521 de Educación Superior (LES).

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La semana pasada se aprobó la modificación a la Ley 24.521 de Educación Superior (LES). De esta forma quedó garantizada por Ley la gratuidad de la educación universitaria de grado.

El próximo 22 de noviembre nos encontraremos en las urnas. Quienes militamos en las filas del Frente para la Victoria sostenemos que ese día habrá que elegir entre dos modelos de país. A ello, la Alianza responde que no, que desde ese espacio promoverán la “paz mundial” y el amor.

Lo cierto es que al momento de actuar, la Alianza elige siempre el camino contrario a la ampliación de derechos. En el año 2013, momento en que el proyecto de modificación de la LES obtuvo media sanción en Diputados, los referentes de la Alianza Cambiemos, Gabriela Michetti y Federico Pinedo votaron en contra. También lo hizo Alfonso Prat Gay, que suena como candidato a ocupar la cartera de economía en una eventual presidencia de Mauricio Macri.

Yamil Santoro, joven exponente de la Alianza Cambiemos publicó en el año 2014[1] que “Una idea superadora a la de acceso gratuito es la idea de acceso igualitario a los servicios públicos que implica que quien pueda pagarlo lo haga…”. En este punto, debemos observar que no hay aquí campañas orientadas a generar miedo. Miedo, en cambio, exhiben los referentes de la Alianza al momento de expresar su modelo de Estado frente a las cámaras de televisión o los micrófonos de  las radios. De lo contrario, no se puede explicar por qué no dicen lo que piensan o por qué no se hacen cargo de sus actos.

El problema en relación a la temática puntual (educación gratuita) es el siguiente: el pago, la beca y los instrumentos del sistema propuesto por la Alianza presentan la dificultad de otorgar un enorme grado de discrecionalidad a las autoridades. De instituirse el modelo Cambiemos existirá alguien, en alguna oficina, que evaluará las condiciones de las personas y determinará quién deberá pagar y quién no y, lo que es aún peor, quién deberá recibir una beca y quién no. La situación descripta desembocará ineludiblemente en la consolidación de estándares de ciudadanía “clase A” y “clase B”, con la posibilidad de dejar a miles de personas fuera del sistema de educación superior.

Por su parte, en la actualidad, el nivel que exhibe la educación universitaria en nuestro país es de excelencia. Asimismo, en los últimos años se han construido nuevos establecimientos que ofrecen descentralización y prestaciones infraestructurales de gran nivel. Lo expuesto hace difícil de comprender el punto de la Alianza.

El motivo entonces obedece a fines que no pueden siquiera esbozar. En nuestro país las leyes 1420 y Sáenz Peña se erigieron en un tándem institucional que permitió el acceso de las mayorías a la educación y al sufragio. La educación universitaria vino a consolidar dicho estado de situación, erigiéndose además en garantía de movilidad social ascendente. La aludida ampliación de derechos, simplificando el relato, fue crucial para el advenimiento de gobiernos populares. A ello podemos sumar el voto femenino y el decreto de Juan Domingo Perón de supresión de aranceles universitarios, ambas políticas de Estado de mediados del siglo XX. Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Fernández fueron/son exponentes de esa línea.

Las oligarquías, en cambio, debieron echar mano del partido militar para interrumpir el producto de los pueblos accediendo a derechos, educándose en forma libre, laica y gratuita, eligiendo en elecciones libres, secretas y obligatorias. Queda claro que no pueden ya utilizar el aparato represivo del Estado. Lo que buscan, entonces, es cercenar derechos de la mano de argumentos relativos a la eficiencia, hablando desde el concepto liberal de igualdad, que lo único que generan en el mundo es exclusión miseria.

El 22 de noviembre se juegan dos modelos. Está claro. No nos debe dar miedo ponerlos sobre la mesa.

Jerónimo Guerrero Iraola





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