El Gobierno impulsará el juicio político de los jueces que ordenaron la libertad de 21 represores, entre los que se encuentran los ex capitanes de la Armada Alfredo Astiz y Jorge Acosta, procesados por la represión ilegal durante la última dictadura militar.
Así lo anunció en conferencia de prensa el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien manifestó que solicitará al Consejo de la Magistratura que inicie el proceso para destituir a los miembros de la Sala II de la Cámara de Casación Penal que dictaron la resolución y a los jueces del Tribunal 5 de esta Capital.
En conferencia de prensa, Duhalde explicó que se iniciará juicio político contra Guillermo Yacobucci y Luis García, los dos jueces que votaron la resolución en mayoría y que actúan en el tribunal como subrogantes desde abril de este año. Gustavo Mitchell, un representante de la vieja guardia de la Casación, que votó en contra de las liberaciones quedará exento del proceso.
Además, aseguró que la Secretaría presentará un "recurso extraordinario ante la Corte para que se aboque en forma directa para evitar un escándalo jurídico", ante la resolución que libera a los acusados de cometer delitos de lesa humanidad.
En suspenso. Por otra parte, los jueces cuestionados suspendieron la ejecución de la sentencia dictada anteayer y conocida ayer por ellos mismos. Respondieron así a una apelación presentada esta mañana por el fiscal ante la Casación, Raúl Pleé.
Se trata de una medida procesal previsible. Hasta que la Corte no resuelva el planteo del fiscal, la determinación debe quedar en suspenso
La resolución de la Sala II de la Casación, que fue dividido, argumentó que el tiempo que los imputados llevaban en prisión preventiva excedía el plazo máximo de tres años previsto por la ley y que las sucesivas prórrogas de las detenciones iban en contra de las garantías procesales de los acusados.
"Una vergüenza". La noticia generó una gran conmoción política y un fuerte rechazo del Gobierno y de los organismos de derechos humanos, que coincidieron en criticar a la Justicia. "Hoy es un día de vergüenza para la Argentina, para la humanidad y para nuestro sistema judicial", había declarado ayer la presidenta Cristina Kirchner, en un acto en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Astiz y Acosta fueron arrestados en el 2001 y están alojados en el penal de Marcos Paz. Por el momento ninguno de los dos recuperará la libertad; ni siquiera si el fallo de la Casación quedara firme, debido a que están detenidos en causas a las que no alcanza la resolución conocida ayer.
Eso mismo deberán analizar los jueces de los tribunales inferiores en el resto de los casos, para verificar si corresponde dictar las liberaciones dispuestas por Casación. Entre los represores acusados están los marinos Raúl Scheller, Jorge Radice, Manuel García Tallada, Víctor Pardo, Antonio Pernías, Néstor Sabio, Eduardo González y Juan Carlos Rolón.
Copyright © 2008 SA LA NACION
Así lo anunció en conferencia de prensa el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien manifestó que solicitará al Consejo de la Magistratura que inicie el proceso para destituir a los miembros de la Sala II de la Cámara de Casación Penal que dictaron la resolución y a los jueces del Tribunal 5 de esta Capital.
En conferencia de prensa, Duhalde explicó que se iniciará juicio político contra Guillermo Yacobucci y Luis García, los dos jueces que votaron la resolución en mayoría y que actúan en el tribunal como subrogantes desde abril de este año. Gustavo Mitchell, un representante de la vieja guardia de la Casación, que votó en contra de las liberaciones quedará exento del proceso.
Además, aseguró que la Secretaría presentará un "recurso extraordinario ante la Corte para que se aboque en forma directa para evitar un escándalo jurídico", ante la resolución que libera a los acusados de cometer delitos de lesa humanidad.
En suspenso. Por otra parte, los jueces cuestionados suspendieron la ejecución de la sentencia dictada anteayer y conocida ayer por ellos mismos. Respondieron así a una apelación presentada esta mañana por el fiscal ante la Casación, Raúl Pleé.
Se trata de una medida procesal previsible. Hasta que la Corte no resuelva el planteo del fiscal, la determinación debe quedar en suspenso
La resolución de la Sala II de la Casación, que fue dividido, argumentó que el tiempo que los imputados llevaban en prisión preventiva excedía el plazo máximo de tres años previsto por la ley y que las sucesivas prórrogas de las detenciones iban en contra de las garantías procesales de los acusados.
"Una vergüenza". La noticia generó una gran conmoción política y un fuerte rechazo del Gobierno y de los organismos de derechos humanos, que coincidieron en criticar a la Justicia. "Hoy es un día de vergüenza para la Argentina, para la humanidad y para nuestro sistema judicial", había declarado ayer la presidenta Cristina Kirchner, en un acto en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Astiz y Acosta fueron arrestados en el 2001 y están alojados en el penal de Marcos Paz. Por el momento ninguno de los dos recuperará la libertad; ni siquiera si el fallo de la Casación quedara firme, debido a que están detenidos en causas a las que no alcanza la resolución conocida ayer.
Eso mismo deberán analizar los jueces de los tribunales inferiores en el resto de los casos, para verificar si corresponde dictar las liberaciones dispuestas por Casación. Entre los represores acusados están los marinos Raúl Scheller, Jorge Radice, Manuel García Tallada, Víctor Pardo, Antonio Pernías, Néstor Sabio, Eduardo González y Juan Carlos Rolón.
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