Opinión
Para una agenda por los Derechos de la Mujer
Desde que asumimos nuestro mandato en el Bloque Libres del Sur venimos impulsando una Agenda De Políticas Públicas Por Los Derechos De Las Mujeres, tomando la perspectiva de género como uno de los ejes de trabajo principales.
Por eso, en el marco de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer, queremos resaltar una vez más la importancia de legislar sobre la problemática de los Derechos de las Mujeres tanto a nivel provincial como nacional.
En abril del 2009 fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional la Ley Nº 26485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, hecho que celebramos con entusiasmo.
Sin embargo, aún falta que dicho instrumento se reglamente y que se garanticen los recursos y la infraestructura para que las jurisdicciones puedan abordar con éxito y eficiencia los objetivos que propone. Desde el Bloque Libres del Sur hemos impulsado la adhesión de nuestra provincia a las normas procesales de dicha ley.
La despenalización del aborto es otro de los puntos pendientes en lo que hace a la agenda tanto nacional como provincial, un tema que debemos discutir, en forma democrática y respetuosa pero urgente. Desde nuestro punto de vista, el tratamiento de esta problemática debe ser enfocado desde la perspectiva de la Salud pública, evitando los enfoques morales y religiosos (aunque sin menoscabarlos).
En ese sentido, insistimos también en el cumplimiento de la Ley Nacional De Educación Sexual y Procreación Responsable, especialmente considerando la importancia de esta normativa en lo que hace a la prevención y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Uno de los puntos más urgentes en la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer, es la actuación del personal de los organismos públicos y su papel en la detección de los casos y la orientación y apoyo a las víctimas. Estamos convencidos de que es necesario incorporar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de la administración pública y de manera urgente generar acciones destinadas a abordar la temática de violencia contra la mujer.
Con esa intención hemos presentado el Proyecto de Ley Nº 2056/09 -Protocolo de Detección Sistemática de situaciones de Violencia contra la Mujer en la Consulta Médica- y el Nº 3383/09 -Protocolo De Actuación Policial Ante Situaciones De Violencia Contra Las Mujeres-, que describen las acciones concretas a desarrollar tanto por el personal de seguridad como por el personal sanitario público-privado en cada caso.
Cabe también hacer una mención al proyecto de Ley que garantiza el real ejercicio del Derecho de Adición del Apellido Materno, que está establecido por la Ley Nacional 18.248, pero que en la práctica encuentra obstáculos concretos. Esta norma apunta a facilitar el ejercicio de este derecho promoviendo campañas de difusión, simplificando los trámites y asegurando su gratuidad en lo que refiere a Tasas Provinciales.
Consejo Provincial de la Mujer
Existe un compromiso asumido por el Estado Nacional -y, por ende, de los estados provinciales - con las cuatro conferencias de Naciones Unidas respecto a la problemática de la mujer, la Convención Para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer tiene rango constitucional y fue ratificada por Ley Nacional Nº 23.179, y la Convención de “Belem do Para” -que apunta a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer- fue jerarquizada por Ley Nacional Nº 24632 y nuestra provincia adhirió por Ley 5492. Sin embargo, no existe aún en nuestra provincia un organismo que realice el abordaje y dé respuestas a la cuestión de la Equidad de Género, y sobre todo a la actual situación de violencia contra las mujeres.
Teniendo en cuenta que la antigua Subsecretaría de la Mujer, que dependía del Ministerio de Desarrollo Social fue reducida a un "Área de la Mujer", que la única dependencia policial verdaderamente preparada para tratar con denuncias de violencia contra la mujer es la Comisaría de la Mujer y que se encuentran colapsados los Juzgados de Familia, es que presentamos el proyecto de ley Nº 3169/09, que crea el Consejo Provincial de la Mujer.
Este organismo tendrá como objetivos principales la promoción e implementación de políticas públicas que apunten a la plena igualdad jurídica, social, económica, laboral, política, sexual y cultural entre los géneros, así como la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer.
Es por esto que vemos a la creación del Consejo como un paso fundamental para que mas allá de los discursos el Estado asuma el papel que le corresponde como garante de los derechos de las mujeres, institucionalizando el enfoque de género e instalándolo a nivel territorial.
Estamos convencidos de que el Consejo debe funcionar como un organismo autárquico que, a su vez, involucre a los sectores de la sociedad civil y a los tres poderes del estado. Justamente porque reconocemos la existencia de esfuerzos válidos e importantes llevados adelante por organismos estatales, privados y no gubernamentales, ponemos énfasis en el valor del Consejo como órgano coordinador y unificador de esas fuerzas, así como generador de nuevas iniciativas.
Tanto en nuestra provincia como en el mundo, la relación entre los géneros ha estado signada por la subordinación, la discriminación y la desigualdad entre varones y mujeres, esta realidad se perpetúa por la supervivencia de estereotipos, prácticas, creencias culturales y religiosas tradicionales. Justamente porque esas construcciones socioculturales -que actúan como trasfondo de la violación de los derechos de las mujeres- son tramas complejas y arraigadas históricamente, creemos que la acción concreta sobre las mismas no puede esperar.
Necesitamos hoy un espacio generador de políticas y receptor de inquietudes, que contenga, asesore, proponga y actúe sobre esta problemática que muchas veces se trivializa e ignora, pero que nos involucra a todos y todas como responsables y protagonistas de un cambio necesario.
Por eso, en el marco de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer, queremos resaltar una vez más la importancia de legislar sobre la problemática de los Derechos de las Mujeres tanto a nivel provincial como nacional.
En abril del 2009 fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional la Ley Nº 26485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, hecho que celebramos con entusiasmo.
Sin embargo, aún falta que dicho instrumento se reglamente y que se garanticen los recursos y la infraestructura para que las jurisdicciones puedan abordar con éxito y eficiencia los objetivos que propone. Desde el Bloque Libres del Sur hemos impulsado la adhesión de nuestra provincia a las normas procesales de dicha ley.
La despenalización del aborto es otro de los puntos pendientes en lo que hace a la agenda tanto nacional como provincial, un tema que debemos discutir, en forma democrática y respetuosa pero urgente. Desde nuestro punto de vista, el tratamiento de esta problemática debe ser enfocado desde la perspectiva de la Salud pública, evitando los enfoques morales y religiosos (aunque sin menoscabarlos).
En ese sentido, insistimos también en el cumplimiento de la Ley Nacional De Educación Sexual y Procreación Responsable, especialmente considerando la importancia de esta normativa en lo que hace a la prevención y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Uno de los puntos más urgentes en la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer, es la actuación del personal de los organismos públicos y su papel en la detección de los casos y la orientación y apoyo a las víctimas. Estamos convencidos de que es necesario incorporar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de la administración pública y de manera urgente generar acciones destinadas a abordar la temática de violencia contra la mujer.
Con esa intención hemos presentado el Proyecto de Ley Nº 2056/09 -Protocolo de Detección Sistemática de situaciones de Violencia contra la Mujer en la Consulta Médica- y el Nº 3383/09 -Protocolo De Actuación Policial Ante Situaciones De Violencia Contra Las Mujeres-, que describen las acciones concretas a desarrollar tanto por el personal de seguridad como por el personal sanitario público-privado en cada caso.
Cabe también hacer una mención al proyecto de Ley que garantiza el real ejercicio del Derecho de Adición del Apellido Materno, que está establecido por la Ley Nacional 18.248, pero que en la práctica encuentra obstáculos concretos. Esta norma apunta a facilitar el ejercicio de este derecho promoviendo campañas de difusión, simplificando los trámites y asegurando su gratuidad en lo que refiere a Tasas Provinciales.
Consejo Provincial de la Mujer
Existe un compromiso asumido por el Estado Nacional -y, por ende, de los estados provinciales - con las cuatro conferencias de Naciones Unidas respecto a la problemática de la mujer, la Convención Para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer tiene rango constitucional y fue ratificada por Ley Nacional Nº 23.179, y la Convención de “Belem do Para” -que apunta a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer- fue jerarquizada por Ley Nacional Nº 24632 y nuestra provincia adhirió por Ley 5492. Sin embargo, no existe aún en nuestra provincia un organismo que realice el abordaje y dé respuestas a la cuestión de la Equidad de Género, y sobre todo a la actual situación de violencia contra las mujeres.
Teniendo en cuenta que la antigua Subsecretaría de la Mujer, que dependía del Ministerio de Desarrollo Social fue reducida a un "Área de la Mujer", que la única dependencia policial verdaderamente preparada para tratar con denuncias de violencia contra la mujer es la Comisaría de la Mujer y que se encuentran colapsados los Juzgados de Familia, es que presentamos el proyecto de ley Nº 3169/09, que crea el Consejo Provincial de la Mujer.
Este organismo tendrá como objetivos principales la promoción e implementación de políticas públicas que apunten a la plena igualdad jurídica, social, económica, laboral, política, sexual y cultural entre los géneros, así como la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer.
Es por esto que vemos a la creación del Consejo como un paso fundamental para que mas allá de los discursos el Estado asuma el papel que le corresponde como garante de los derechos de las mujeres, institucionalizando el enfoque de género e instalándolo a nivel territorial.
Estamos convencidos de que el Consejo debe funcionar como un organismo autárquico que, a su vez, involucre a los sectores de la sociedad civil y a los tres poderes del estado. Justamente porque reconocemos la existencia de esfuerzos válidos e importantes llevados adelante por organismos estatales, privados y no gubernamentales, ponemos énfasis en el valor del Consejo como órgano coordinador y unificador de esas fuerzas, así como generador de nuevas iniciativas.
Tanto en nuestra provincia como en el mundo, la relación entre los géneros ha estado signada por la subordinación, la discriminación y la desigualdad entre varones y mujeres, esta realidad se perpetúa por la supervivencia de estereotipos, prácticas, creencias culturales y religiosas tradicionales. Justamente porque esas construcciones socioculturales -que actúan como trasfondo de la violación de los derechos de las mujeres- son tramas complejas y arraigadas históricamente, creemos que la acción concreta sobre las mismas no puede esperar.
Necesitamos hoy un espacio generador de políticas y receptor de inquietudes, que contenga, asesore, proponga y actúe sobre esta problemática que muchas veces se trivializa e ignora, pero que nos involucra a todos y todas como responsables y protagonistas de un cambio necesario.
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