La trama mediática que preparó el terreno para el pedido de la fiscalía suiza sustentado sólo en artículos periodísticos. La conexión de la ex embajadora con el abogado de Magnetto en la causa por la apropiación de Papel Prensa.
El embajador suizo en Buenos Aires, Johannes Matyassy, y la Fiscalía General helvética negaron que el líder de la CGT, Hugo Moyano y su hijo Pablo estén siendo investigados por supuesto lavado de dinero por la justicia de aquel país.
Contundente.
Además, el diplomático le trasmitió al canciller Héctor Timerman, lo que luego confirmó públicamente en una entrevista radial: “Suiza solicitó información en base a artículos publicados en la prensa.”
Endeble.
Lo concreto, entonces, es que en el escueto pedido de informe que la fiscalía helvética envió a la justicia argentina a través de un exhorto, se solicitó datos sobre “personas desconocidas” por la presunta vinculación con una cuenta bancaria que estaría siendo investigada en Ginebra y cuyo titular sería el dueño de la empresa recolectora de residuos Covelia, Ricardo Depresbiteris.
Los Moyano no fueron mencionados en el escrito, un exhorto que, por su inconsistencia, el juez federal Norberto Oyarbide devolvió ayer a Suiza reclamando mayores precisiones ante la vaguedad del pedido. Que, como confirmó el diplomático, está basado en artículos periodísticos publicados en enero por el diario Clarín y el semanario Perfil.
Ayer, Moyano, acompañado por toda la conducción de la CGT, comunicó que el paro anunciado para el lunes quedaba en suspenso. No habrá medida de fuerza ni movilización a Plaza de Mayo (ver página 3), en lo que parece ser un gesto de sensatez, a la altura de un sindicalista con su trayectoria.
Para contextualizar lo que pasó es necesario desandar la maniobra urdida por los grupos mediáticos concentrados hace, por lo menos, dos meses, cuyo capítulo más alto fue la tapa de ayer, donde informó algo que era falso. En realidad, esta historia comenzó a escribirse el 30 de enero. Ese domingo, Clarín destacó en portada “el enriquecimiento veloz de un hombre ligado a Moyano”. No era otro que Depresbiteris. Esa fue la punta de lanza de la operación que culminó con el exhorto enviado por la fiscalía suiza. Paradojas del destino, la Confederación Helvética aún no devolvió el oro que los nazis saquearon a los judíos en el Holocausto y escondieron en Ginebra, gracias al secreto bancario que les dio cobertura, pero en tiempo récord abrió un expediente por lavado de dinero contra el dueño de una empresa recolectora de basura de un país a 12 mil kilómetros de distancia.
En la edición del 30 de enero, el editorialista Eduardo van der Kooy apuntó su pluma contra el titular de la CGT: “Moyano expresa a la vieja burocracia sindical con la fidelidad de pocos. Sus métodos son los boicots, los aprietes y el discurso violento. Su gremio o afines aparecen sospechados siempre en episodios oscuros, como la mafia de los medicamentos o los crímenes de gremialistas”.
Sí: “Crímenes de gremialistas”, escribió Van der Kooy.
Por esos días, la embestida sobre el dirigente sindical podía interpretarse como un pase de facturas porque Hugo y Pablo Moyano respaldaron incondicionalmente la huelga de hambre de los trabajadores que habían sido despedidos de los talleres gráficos de Clarín. La animosidad contra la actividad gremial por parte del multimedios quedó confirmada hace años con la persecución de la que fueron víctimas los delegados de los trabajadores en sus distintas empresas. En el diario, por ejemplo, se echó a toda la Comisión Gremial Interna y nunca más se permitió una asamblea. Pero el hostigamiento del mayor emporio mediático de la Argentina contra el líder sindical no se reduce a ese episodio. Por ejemplo, la cobertura que el diario de Magnetto realizó en su momento sobre el asesinato del tesorero del gremio de Camioneros, Abel Beiroz, sembró sospechas sobre la figura del líder del movimiento obrero organizado, en un caso de evidente estigmatización. Es, sin dudas, parte de la adjetivación constante (“mafiosos”, “violentos”) con que sus medios califican a los dirigentes obreros.
Pero para entender qué sucedió estos días, es necesario regresar una y otra vez a enero, cuando la Unidad de Información Financiera (Argentina) se “atrevió” a pedir el levantamiento del secreto fiscal de los ejecutivos de Clarín, José Aranda y Lucio Pagliaro, que están siendo investigados por la presunta maniobra de lavado de dinero con los fondos de los jubilados que estaban en las AFJP. A partir de este pedido de la UIF, Clarín, y también Perfil, comenzaron a vincular a Moyano con Covelia, de modo insistente y coordinado. Casi dos meses después, la justicia nacional ordenó levantar el secreto fiscal de Aranda y Pagliaro, días antes de que trascendiera el exhorto suizo.
Luego de esos artículos de enero, el ministerio fiscal helvético ya había activado el protocolo que les otorga a sus fiscales la potestad para actuar de oficio a partir de información publicada en cualquier medio. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se explica que en Ginebra lean Clarín y Perfil? Ayer, en la página 3 de Clarín, el editor Daniel Santoro deslizó una posible respuesta: “Si bien, en Suiza la Justicia y el poder ejecutivo funcionan en forma independiente, quizás la ex embajadora suiza en Buenos Aires y ex fiscal general de Suiza, Carla del Ponte, haya hecho algún comentario informal a su sucesor en ese cargo judicial”. ¿Acaso una confesión de parte? Lo que sigue es –podría ser– una cadena de casualidades. O quizá no: Carla del Ponte es amiga personal del actual fiscal en La Haya, el abogado Luis Moreno Ocampo, que a su vez fue socio de Hugo Wortman Jofre, que a su vez es defensor de Magnetto en la causa Papel Prensa, en la que se investiga el despojo accionario del que fue víctima la familia Graiver durante la dictadura. También Jofre es querellante contra Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, en representación del grupo.
La relación entre Del Ponte y Clarín se sustenta en una revisión más o menos inquieta de la colección del diario en cualquier hemeroteca.
¿Por qué, entonces, el propio diario, en prosa de Santoro, dejó entrever que “quizás” del Ponte habría participado de la maniobra? Es un misterio. A veces, la impunidad lleva a cometer errores de este tipo.
En la misma semana, el martes 15, La Nación –socio de Clarín en Papel Prensa y en la causa que investiga a Magnetto y a Bartolomé Mitre, por el presunto delito de lesa humanidad–, desempolvó un cable de la Embajada de los Estados Unidos, difundido por WikiLeaks, en las que se hacía referencia a “matrimonio por conveniencia” entre los Kirchner y el titular de la CGT. El título: “Moyano, visto como un matón por EE UU”. Otro ejemplo vulgar de demonización explícita, que Moyano ayer denunció en la conferencia de prensa donde anunció que suspendía el paro.
Pero hay más.
El inconsistente pedido de la fiscalía helvética se dio a conocer el jueves 17, cuando la sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmaba el fallo de primera instancia de la jueza Sandra Arroyo Salgado que ordenó una nueva muestra de ADN de Felipe y Marcela Noble, para determinar si los herederos de holding mediático son hijos de desaparecidos, apropiados por Ernestina Herrera de Noble durante la dictadura. Una verdad que ya lleva diez años de investigación judicial sin resultados, entre otras cosas, porque Clarín, sistemáticamente, pone trabas a la prueba de ADN que marca la ley para resolver el caso –gravísimo– de sustitución de identidad. Ese mismo día, la tapa de Clarín olvidó la catástrofe en Japón, que era “el Apocalipsis”, para intentar un tsunami que quebrara la relación entre Hugo Moyano y Cristina Kirchner. Otro brulote, de intencionalidad obvia: desviar la atención sobre sus problemas y generar roces en el armado político del gobierno al que se opone. El título, esta vez, fue: “La CGT presiona para poner el vice de Cristina”. La volanta: “Puja interna en el kirchnerismo.” El escenario, para Clarín ya estaba armado. Sólo faltaba el exhorto. Y el exhorto llegó, y Moyano respondió con el llamado al paro, y más de uno en las oficinas de Clarín se frotó las manos.
El pedido helvético, es cierto, no daba nombres. Fue el Centro de Información Judicial, órgano de difusión de prensa de la Corte Suprema de Justicia –a cargo de María Burdin, ex empleada del empresario Daniel Hadad, enfrentado abiertamente a Moyano por la licitación del Club Comunicaciones–, el que, según todo indica, introdujo los nombres del titular de la CGT y su hijo Pablo, cuando en verdad la consulta era sobre “personas desconocidas”. En su versión digital de ayer, Clarín mismo atribuyó la información falaz que había llevado a su tapa matutina (“Investigan a Moyano por lavado de dinero”) a un error de la Corte, despegándose tardíamente del escándalo.
Publicar información falsa, lo es.
La operación se desarmó en el transcurso de la jornada. Pero lo más fuerte no lo dijo ni la prensa antimonopólica que Clarín califica de “ultra” o “paraoficial”, ni siquiera los abogados de Moyano.
Fue el embajador suizo, con nueve palabras, el que derrumbó el plan maestro que Magnetto pergeñó desde enero, cuando dijo, secamente, al programa Mañana es hoy, de Radio Nacional: “Moyano no está siendo investigado.”
Después ocurrió lo que ya sabemos: Moyano cedió ante la evidencia y la sensatez triunfó frente a la manipulación. <
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