Principales argumentos de la denuncia penal de Clarín contra los periodistas
La presentación realizada el jueves por el Grupo Clarín ante el Juzgado Federal número 9, a cargo de Luis Rodríguez, promueve una "denuncia criminal contra los instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva". Además, el texto completo
A continuación se transcriben los principales fragmentos de la denuncia interpuesta por el Grupo, que acusó por “incitación a la violencia colectiva” a periodistas, funcionarios y legisladores:
-El apoderado legal del multimedios, Hugo Wortman Jofré, promueve una “denuncia criminal contra los instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva, en perjuicio del Grupo Clarín y sus directivos, que se verifica con claridad a partir de los dichos distintos periodistas y funcionarios”.
-La denuncia alude al artículo 212 del Código Penal, el cual establece que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.
-“La individualización de los verdaderos ideólogos de la maniobra denunciada surgirá de la actuación de la Justicia. Seguramente al interrogarse a los propaladores de los mensajes que incentivan a la violencia contra el Grupo Clarín, se podrá determinar a qué interés responden. Pero no cabe ninguna duda en atención al origen o función que desempeñan, que el gobierno nacional se encuentra detrás de este accionar”.
-Sin mención alguna a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su estrategia legal para rechazar cumplirla, en el inciso de Antecedentes de la denuncia el Grupo Clarín resalta que “en los últimos años se desató una verdadera campaña tendiente a desprestigiar a los medios de comunicación que forman parte” del holding.
-“Han tenido lugar en los últimos años una serie de acciones tendientes a instalar la idea de que el Grupo Clarín es el principal enemigo de la acción de gobierno, lo que se verificó en innumerables discursos de funcionarios y adherentes al partido gobernante”.
-“La situación suscitada el pasado 3 de octubre convence de recurrir a la administración de Justicia en salvaguarda de la integridad personal de los periodistas y directivos del Grupo Clarín y de los otros medios que habitualmente resultan fustigados por el gobierno y sus voceros”.
“A raíz de la protesta llevada a cabo ese día por integrantes de la Prefectura Naval y Gendarmería, han aparecido funcionarios y conocidos propaladores de los mensajes gubernamentales sugiriendo que detrás de esos reclamos de las fuerzas de seguridad, de las manifestaciones conocidas como `cacerolazos` e incluso de la lamentable privación ilegítima de la libertad de Alfonso Severo -testigo del caso Mariano Ferreyra- se encuentran directivos y periodistas del Grupo Clarín”.
-La denuncia prosigue explicando el por qué de esta afirmación y cita explícitamente frases de periodistas formuladas en el programa 6,7,8 de la TV Pública como Sandra Russo, Nora Veiras, Orlando Barone, Edgardo Mocca y del director del Centro Cultural Haroldo Conti, Eduardo Jozami, en las cuales no se constata ningún llamamiento a la violencia contra Clarín.
-Luego cita declaraciones formuladas en otras ocasiones por el diputado Edgardo Depetri; el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, el legislador porteño Juan Cabandié; la agrupación Unidos y Organizados; los periodistas Roberto Caballero y Javier Vicente; el ministro de Justicia, Julio Alak; y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.
-Tras las citas, la denuncia señala: “En resumidas cuentas, se imputa al Grupo Clarín ser el responsable de todos los males que padece el Gobierno. (...) Es menester aclarar que ninguna provocación, intimidación o persecución nos distraerá de nuestro rol informativo”.
-“De todo lo dicho surge que hasta el momento han desempeñado el rol de principales propaladores del mensaje gubernamental contra el Grupo Clarín las siguientes personas: Sandra Russo, Edgardo de Petri (sic), Martín Sabbatella, Juan Cabandié, Roberto Cavallero (sic), Julio Alak, Carlos Zannini y Javier Vicente”.
“Por todo ello, se promueve la presente denuncia contra quienes incitan a la violencia colectiva. (...) En este contexto, el mensaje volcado desde el Gobierno no sólo pone en riesgo la integridad física de funcionarios y periodistas de medios frente a la posibilidad de que algún ciudadano otorgase credibilidad a lo afirmado por esos voceros, sino que también afecta directamente nuestra libertad de determinación”.
“Ante la evidente afectación a nuestra libertad de autodeterminación, aplica al caso el delito de coacción (artículo 149 bis del Código Penal)”.
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